Por: Carlos Meneses

Porque sin gestión, no hay formalización; y sin formalización, no hay futuro para la minería artesanal peruana.

La ampliación del plazo para la formalización de la minería artesanal, establecida por la Ley 32537, debía representar una oportunidad para corregir las deficiencias del Estado y acompañar a miles de pequeños productores que buscan trabajar dentro del marco legal. Sin embargo, en regiones como Arequipa, donde más de 7 mil expedientes permanecen sin resolver, la medida parece haber generado más incertidumbre que alivio.

La formalización minera en el Perú arrastra un problema estructural que trasciende gobiernos y gestiones: la burocracia paralizante. Los mineros artesanales no enfrentan únicamente exigencias técnicas o ambientales, sino también un sistema estatal incapaz de responder con celeridad y eficacia. Mientras los plazos legales se acortan, los procedimientos se vuelven más complejos y las oficinas regionales carecen de personal, presupuesto y liderazgo. En Arequipa, ni siquiera existe actualmente un director de formalización minera designado, lo que simboliza el nivel de improvisación con que se gestiona un proceso clave para la economía regional.

El caso expuesto por la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, que denuncia requisitos imposibles de cumplir y expedientes “durmiendo” por años, refleja una realidad común a otras regiones del país. Si el Estado no corrige sus propios vacíos, el discurso de la formalización se vuelve una contradicción: se exige legalidad sin ofrecer institucionalidad.

A ello se suma la preocupación por el endurecimiento penal de las sanciones contra la minería ilegal, que podría terminar afectando también a quienes están en proceso de formalización. El riesgo de criminalizar a quienes actúan de buena fe —pero no logran cumplir requisitos que el propio Estado no puede procesar— es una muestra más de una política sin coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La formalización minera no debe ser una carrera de obstáculos. Requiere reglas claras, plazos razonables y acompañamiento técnico real. El país necesita que el Estado deje de empujar a miles de trabajadores a la ilegalidad y asuma, por fin, su rol de facilitador del desarrollo formal, sostenible y responsable.