Por Jorge Turpo R.

Provías Nacional resolvió el contrato con empresa francesa EGIS por casos de corrupción y se apartó de la obra de la Carretera Central. Esa misma empresa está involucrada en el proyecto del nuevo hospital Goyeneche.

MÁS PROBLEMAS EN INVERSIÓN MILLONARIA

El anuncio del gobernador regional, Rohel Sánchez, fue recibido con alivio en Arequipa.

Después de años de postergaciones, por fin se haría realidad la ampliación y modernización del Hospital Goyeneche mediante un convenio de Estado a Estado con Francia. El proyecto prometía nueva infraestructura, equipamiento moderno y una inversión histórica para uno de los hospitales más emblemáticos del sur del país.

Sin embargo, el entusiasmo inicial se transformó rápidamente en inquietud cuando se conoció que una de las empresas involucradas en la asistencia técnica era la firma francesa EGIS, cuyo historial internacional arrastra serias acusaciones de corrupción.

El proyecto del nuevo Hospital Goyeneche se ejecuta bajo la modalidad de contrato de Estado a Estado entre Perú y Francia y contempla la participación del consorcio EGIS AP-HPI.

Desde un inicio, diversos sectores advirtieron que EGIS había sido cuestionada en otros países por prácticas corruptas. Pese a ello, las autoridades regionales optaron por minimizar las alertas y seguir adelante con el proceso.

Hoy, esos cuestionamientos regresan con más fuerza tras un hecho que ha encendido las alarmas a nivel nacional.

El último fin de semana se conoció que Provías Nacional resolvió el contrato que mantenía con EGIS, como parte del consorcio PMO Vías, para brindar asistencia técnica en dos de las obras más importantes del país: la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, acceso clave al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La decisión se basó en la aplicación de la cláusula anticorrupción del contrato, luego de que una empresa del grupo EGIS reconociera actos de corrupción cometidos en el extranjero.

La resolución de Provías no es un hecho menor. Se sustenta en la inhabilitación de dos subsidiarias del grupo EGIS anunciada a inicios de 2024 por el Banco Mundial, tras comprobar prácticas corruptas y fraudulentas vinculadas a la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá.

A ello se suman antecedentes en países como India, Argelia y Gabón, donde la empresa ha sido investigada o sancionada por sobornos y falsedad de información.

Pese a este prontuario, EGIS sostiene que los hechos ocurrieron años antes de los acuerdos firmados con Perú y que no guardan relación con sus operaciones actuales en el país.

La empresa francesa ha calificado la resolución del contrato como unilateral, sorpresiva y carente de sustento técnico y jurídico, y no ha descartado acudir a tribunales internacionales.

Ese escenario abre la posibilidad de un nuevo arbitraje contra el Estado peruano, una figura a la que el país ya se ha acostumbrado, casi siempre con resultados adversos.

¿ADIÓS FRANCIA?

Pero el problema va más allá: abogados del sector Transporte han advertido que, al haber sido firmado el contrato por Provías en representación del Estado peruano y por EGIS en representación del Estado francés, la resolución podría interpretarse como la nulidad del propio acuerdo de Estado a Estado con Francia.

Ese riesgo jurídico es el que hoy amenaza con extenderse al proyecto del Hospital Goyeneche. Si el convenio de Estado a Estado quedara en entredicho, también lo estaría la asistencia técnica francesa en Arequipa.

El consejero regional, César Huamantuma, exigió al gobernador regional que se pronuncie con claridad y explique cuál será el futuro de una obra largamente esperada por la población. Hasta ahora, desde el Gobierno Regional de Arequipa se ha optado por el silencio.

El impacto del entrampamiento no es solo administrativo o legal, sino profundamente humano. Mientras se espera la ejecución del nuevo hospital, se ha frenado la compra de equipos y la mejora de servicios bajo el argumento de que “ya viene el nuevo proyecto”.

El problema es que ese proyecto está previsto para ejecutarse en un plazo de tres a cuatro años. Si el proceso se retrasa o se cae, el Hospital Goyeneche seguirá atendiendo pacientes con infraestructura obsoleta, servicios saturados y equipamiento insuficiente.

Huamantuma ha planteado que el gobernador regional solicite con urgencia una reunión con el presidente José Jerí y convoque también a la ministra de Economía, quien recientemente ha advertido que no existe presupuesto asegurado para varias obras bajo la modalidad de Estado a Estado.

En el caso del Goyeneche, la inversión supera los 500 millones de soles; en otros proyectos de salud, como el nuevo IREN Sur, las cifras superan los mil millones.

Hoy, la pregunta ya no es cuándo empezará la obra, sino si el hospital que atiende a miles de arequipeños puede seguir esperando sin que la corrupción vuelva a pasarle factura a los pacientes.