Por Carlos Meneses

El Congreso tiene la oportunidad de actuar con prudencia, transparencia y respeto al marco constitucional. Si el debate se concreta, deberá servir no para exacerbar diferencias, sino para reafirmar el compromiso con la estabilidad democrática. En tiempos de polarización y descrédito, ese sería el gesto más necesario y valiente.

El respaldo de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú a la moción para evaluar la censura contra el presidente interino, José Jerí marca un nuevo punto de inflexión en la ya prolongada crisis política del país. Con 78 firmas reunidas, el Parlamento tiene ahora la facultad reglamentaria de convocar un Pleno Extraordinario en los próximos quince días. Lo que está en juego, sin embargo, va mucho más allá de un debate coyuntural: se trata de definir los límites entre el control político legítimo y la manipulación del sistema constitucional.

La decisión de APP y Podemos responde a un cálculo político, pero también a un malestar acumulado. En los últimos meses, la actuación de Jerí ha generado controversia dentro y fuera del hemiciclo. Sus pronunciamientos, en ocasiones contradictorios y la gestión de su entorno más cercano han alimentado sospechas sobre su capacidad para conducir con equilibrio la Presidencia. Las bancadas que ahora piden su censura argumentan que no se trata de una reacción impulsiva, sino del resultado de una reflexión sobre la necesidad de preservar la institucionalidad.

No obstante, el fondo del debate es jurídico. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, sostiene que la censura no es aplicable a quien ejerce la primera magistratura de la Nación, pues la Constitución reserva esa figura para ministros y altos funcionarios del Ejecutivo. De acuerdo con esta interpretación, la única vía constitucionalmente válida para retirar al jefe de Estado sería la vacancia por las causales previstas en el artículo 113. Si esta posición prevalece, la moción de censura podría ser observada por la Mesa Directiva, abriendo un nuevo conflicto de competencias dentro del propio Congreso.

Más allá del tecnicismo legal, lo que el país necesita es claridad. El uso discrecional de los mecanismos de control no solo erosiona la legitimidad del Parlamento, sino que contribuye a profundizar la desconfianza ciudadana en la política. Una censura mal planteada puede convertirse en un precedente peligroso; una omisión frente a posibles irregularidades, en una señal de impunidad.