Por: Carlos Meneses

Porque más allá de los presupuestos y los informes, está el derecho de nuestros niños y jóvenes a aprender, crecer y soñar en escuelas seguras, limpias y dignas. Ese debe ser el verdadero punto de partida del año escolar 2026.

A pocas semanas del inicio del año escolar 2026, previsto para el 16 de marzo, la región Arequipa se encuentra nuevamente frente a un escenario preocupante: brechas estructurales, déficit de docentes y limitaciones presupuestales que amenazan con comprometer la calidad educativa. La exposición del plan de trabajo de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) ante la Comisión de Educación del Consejo Regional revela una realidad que, aunque no es nueva, se vuelve más urgente cada año.

Las cifras hablan por sí solas. A fines de 2025 se identificaron 85 colegios con necesidad de mantenimiento. Sin embargo, las intensas lluvias de las últimas semanas elevaron la cifra a 98 instituciones, y podrían llegar a 100 si el clima no mejora. Son decenas de planteles donde las filtraciones, los techos colapsados y los muros deteriorados impiden ofrecer un entorno seguro a los alumnos. Aunque 24 colegios ya fueron intervenidos y otros 25 están en proceso, la magnitud de la tarea supera las capacidades operativas del sector.

La falta de infraestructura adecuada no solo refleja el deterioro físico de los locales escolares, sino también la precariedad institucional que enfrenta el sistema educativo regional. Es evidente que el presupuesto asignado —S/ 542 millones 865 mil para el 2026— resulta insuficiente frente a las necesidades acumuladas de más de una década. La decisión de aplicar medidas de austeridad, reducir contrataciones por órdenes de servicio y digitalizar procesos administrativos son pasos importantes hacia una gestión más eficiente, pero no reemplazan la urgente necesidad de una política nacional que priorice la inversión sostenida en educación pública.

A ello se suma un problema igual de grave: el déficit de personal. Arequipa cuenta con 28 mil 472 docentes para atender a más de 412 mil estudiantes, de los cuales 237 mil pertenecen al sistema público. La sobrecarga laboral es evidente, sobre todo en zonas rurales, donde un solo profesor atiende múltiples grados y niveles. En muchos casos, los concursos de contratación y reasignación se retrasan, generando inicios de clases incompletos o jornadas reducidas. Sin maestros suficientes, ningún plan de infraestructura o presupuesto podrá garantizar un verdadero servicio educativo.

Resulta alentador que la GREA haya reafirmado su compromiso de iniciar las clases en la fecha establecida. No obstante, esa determinación debe ir acompañada de una acción coordinada y transparente. Los consejeros regionales tienen la responsabilidad de fiscalizar con rigor la ejecución presupuestal, asegurando que cada sol invertido se traduzca en mejoras tangibles: aulas habitables, mobiliario digno y herramientas tecnológicas básicas. No se puede permitir que, por desidia o burocracia, miles de niños y adolescentes empiecen el año escolar en condiciones indignas.

El reto no se limita al 16 de marzo. La educación requiere planificación a largo plazo, visión de futuro y liderazgo político. La reconstrucción de los colegios dañados por las lluvias, la dotación de infraestructura prefabricada en zonas como Cháparra, La Unión o San Antonio de Chuca, y la continuidad de programas de capacitación docente no deben depender de coyunturas climáticas o de la buena voluntad de las autoridades de turno. Se necesita una estrategia regional articulada, con metas medibles y sostenidas.

El panorama educativo arequipeño refleja, en realidad, un problema nacional: la distancia entre los compromisos del discurso y las condiciones reales de aprendizaje. Cada aula que no se abre, cada techo que gotea, cada profesor que falta, es un recordatorio de cuánto le cuesta al país convertir la educación en una prioridad real. No bastan los diagnósticos ni los anuncios de austeridad; se requiere decisión política, ejecución eficiente y vigilancia ciudadana.

En vísperas del año escolar, corresponde al Gobierno Regional, a la GREA y a los municipios asumir con responsabilidad el mandato más urgente: garantizar que ningún estudiante quede fuera de las aulas por falta de condiciones básicas. La educación no puede esperar a que pasen las lluvias ni a que lleguen más fondos. La educación debe empezar hoy, con lo que hay, pero con una gestión honesta, eficiente y comprometida con el futuro de Arequipa.