Durante el último año de gestión, desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) informaron que la mayoría de proyectos e iniciativas planteadas por la sociedad civil en el presupuesto participativo regional no lograron continuidad. Desde la Oficina de Planeamiento y Prospectiva Estratégica advirtieron que muchas propuestas resultan inviables para la cartera de inversiones debido a que no son consideradas de impacto regional ni cumplen los criterios técnicos exigidos.

El presupuesto participativo es un mecanismo de gestión pública que permite a autoridades regionales, locales y la sociedad civil organizada definir de forma conjunta la asignación de recursos a proyectos prioritarios. Normado por la Ley Nº 28056, busca mejorar la inversión, transparencia y el bienestar ciudadano, rigiéndose en el Plan de Desarrollo Concertado. Pese a la posibilidad de plantear necesidades ciudadanas y asegurar inversión pública, no se estaría aprovechando.

De acuerdo a Jean Pierre Escalante Díaz, jefe de la Oficina de Planeamiento y Prospectiva Estratégica, las propuestas ciudadanas han tenido alcance limitado. Aunque se deben priorizar proyectos de Salud, Educación o Saneamiento, las organizaciones civiles presentan proyectos vinculados a necesidades propias, sin impacto territorial significativo. ”Por ejemplo, se planteó una academia de boxeo con S/50 mil de costo de inversión. A nivel regional se deben priorizar proyectos no menores a S/3 millones. No era viable”, sostuvo.

Anualmente, las reuniones del presupuesto participativo regional reúnen a aproximadamente 90 participantes, aunque no todos los integrantes presentan propuestas formales. La mayoría de proyectos que aseguran su continuidad provienen de municipalidades provinciales y distritales. Esto se debe a que la ciudadanía no siempre cuenta con herramientas técnicas para formular proyectos de impacto territorial amplio, tarea que recae principalmente en el gobierno regional. Esto ocasionó que en algunos casos haya duplicidad de propuestas, pese a que el GRA anunció su ejecución.

Adicionalmente, la ejecución del mecanismo enfrenta dificultades. La norma del presupuesto participativo mantiene un enfoque anual, mientras que el sistema de inversiones públicas en el GRA opera bajo una programación multianual de inversiones. Esa desconexión impide que ideas ciudadanas puedan convertirse en proyectos ejecutables en plazos cortos, pues requieren expedientes, evaluaciones y plazos más largos. “El desfase entre la norma vigente del presupuesto participativo y la norma de inversiones hace que los análisis sean forzados”, indicó.

Ante este escenario, el Ejecutivo regional opta por priorizar proyectos que ya se encuentren en ejecución o con avances técnicos superiores al 50%, en lugar de incorporar propuestas nuevas sin maduración técnica. Escalante Díaz sostuvo que insistir en ideas que no alcanzarán la etapa de ejecución al año siguiente podría generar falsas expectativas. “Si hacemos una priorización sobre los que están en idea, el año siguiente no van a tener ni siquiera inicio de ejecución. Entonces, sería jugar con las expectativas de la población”, afirmó.

Las inscripciones para definir el presupuesto participativo 2027 cerraron el 6 de febrero y actualmente atraviesa una etapa de evaluación previa. Aquellos participantes que sean observados tienen cinco días hábiles para subsanar antes de publicarse el acta final de acreditados. El cronograma contempla tres talleres: el primero el 25 de febrero y dos más en marzo. En dichos espacios se definirá la priorización de proyectos en cartera y se elegirá un comité de vigilancia para el seguimiento a posibles futuras inversiones.

Finalmente, desde el GRA anunciaron una nueva elección de los integrantes del Consejo de Coordinación Regional con reglas consensuadas con la sociedad civil.