El 2025 cerró con un crecimiento real de 3,44% del Producto Bruto Interno (PBI), en un contexto de inflación controlada y condiciones externas particularmente favorables. El sector Minería e Hidrocarburos creció 1,38% en el año, impulsado por la minería metálica (+1,83%), destacando la recuperación del cobre (+1,04%) y del oro (+1,45%). Este desempeño productivo se dio en un entorno internacional excepcional. Durante 2025, el precio del oro aumentó en promedio 43,9% y el del cobre 8,3%, elevando el ingreso nacional y fortaleciendo la recaudación fiscal. Para 2026, los términos de intercambio continuarían en niveles históricamente elevados, sosteniendo el impulso macroeconómico. En una economía intensiva en recursos naturales como la peruana, estos ciclos externos operan como verdaderos multiplicadores.

En ese escenario, Arequipa ocupa un lugar estratégico. Con una participación cercana al 6% del Valor Agregado Bruto nacional, la región se consolida como la segunda economía más importante del país, solo después de Lima. Su estructura productiva es clara: alrededor de un tercio de su actividad depende de la minería, que se mantiene como el principal motor económico regional.

Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), publicado en enero de 2026, entre enero y noviembre de 2025 Arequipa concentró el 15,0% de la producción nacional de cobre y el 21,3% de la producción de oro, consolidándose como uno de los principales polos mineros del país. Además, la inversión minera acumulada superó los US$ 660 millones, con un crecimiento interanual de 40,9%, ubicando a la región como el segundo destino de inversión minera del país. De cara a 2026, el MINEM ha anunciado el inicio de ejecución de ocho proyectos mineros por US$ 7 619 millones, incluyendo la optimización de Cerro Verde y Pampa de Pongo en Arequipa. La región también registra avances en proyectos exploratorios como Los Chapitos, que recientemente reportó intersecciones de cobre de alta ley y prevé una nueva fase de perforación. Arequipa, por tanto, no solo concentra producción actual, sino también cartera futura.

Más allá del desempeño productivo, el 2025 dejó además un dato relevante en materia de gestión pública. Arequipa alcanzó niveles históricos de ejecución presupuestal: el gobierno regional ejecutó el 99,1% de su presupuesto y los gobiernos locales el 78,44%, los registros más altos observados desde al menos 2010. Estas cifras no solo marcan un récord regional, sino que superan el promedio nacional: al cierre de diciembre de 2025, los Gobiernos Regionales registraron una ejecución de 94,5%, mientras que los gobiernos locales alcanzaron 74,8%. Estos niveles evidencian una elevada capacidad de absorción presupuestal por parte de los gobiernos subnacionales en la región.

Sin embargo, la ejecución no agota el debate sobre la calidad del gasto. De acuerdo con la Contraloría General de la República, al 2025 existen 2416 obras públicas paralizadas en el país, con un costo actualizado superior a S/ 67 mil millones y un saldo pendiente de ejecución de más de S/ 32 mil millones. Arequipa concentra 134 obras paralizadas, con un costo actualizado cercano a S/ 8998 millones (13,4% del total nacional) y un saldo por ejecutar que supera los S/ 6336 millones. Esto revela que una parte importante del capital público ya comprometido permanece inmovilizado, limitando el impacto real de la inversión y postergando el cierre efectivo de brechas.

No obstante, el 2026 será más exigente. Como señalé en mi columna anterior, “Arequipa 2026: ¿qué priorizar cuando ya no hay espacio para gastar más?”, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de los gobiernos subnacionales se reduce en 9% frente al 2025 —cerca de S/ 484,7 millones menos— y el ajuste recae principalmente en el gasto de capital, que cae casi 19%, mientras el gasto corriente continúa expandiéndose. Si bien a lo largo del año pueden incorporarse mayores recursos mediante transferencias o modificaciones presupuestarias, el punto de partida para 2026 es más estrecho. Habrá, por tanto, menos margen inicial para invertir y cerrar brechas. En este nuevo escenario, la discusión no es solo cuánto se ejecuta, sino dónde se invierte. La evidencia es clara: infraestructura, seguridad ciudadana, mercado laboral y fortalecimiento institucional son los frentes que realmente inciden en la competitividad regional. Con menos recursos disponibles, la priorización deja de ser una opción y se convierte en una obligación.

El entorno externo sigue siendo favorable. Los términos de intercambio se mantienen en niveles históricamente altos y la cartera minera para 2026 confirma que la inversión continuará fluyendo. Pero ese viento a favor no es permanente. Cuando los precios internacionales elevan los ingresos, la economía puede crecer incluso con debilidades estructurales. El riesgo es confundir un ciclo externo benigno con una mejora real en la capacidad productiva.

Arequipa no puede asumir que los mayores ingresos justifican expandir el gasto corriente o relajar la disciplina en la inversión. Los periodos de bonanza son precisamente los que exigen mayor prudencia y mejor asignación de recursos. Convertir este impulso minero en infraestructura de calidad, capital humano y seguridad es lo que marcará la diferencia cuando el ciclo externo cambie.