Por: Danna Felipe B.

Depósito para vans informales sigue sin avances concretos.

En cualquier contexto, la informalidad es un problema que debe combatirse, pues lejos de generar desarrollo, produce desorden, precariedad y falta de control. Nadie quiere vivir en una ciudad donde las normas no se respetan ni existe autoridad que garantice el cumplimiento de las mismas.

Uno de los sectores más golpeados por este fenómeno es el transporte. La informalidad se manifiesta tanto en el servicio urbano como en el interprovincial, afectando la seguridad de los pasajeros, generando competencia desleal y debilitando el sistema de transporte formal. En la región Arequipa, la situación es especialmente preocupante en el transporte interprovincial, donde más de mil vehículos operan sin contar con autorización oficial.

Así lo informó el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, José Aquice Cárdenas, quien confirmó que el número de unidades informales supera ampliamente al de los vehículos que sí cumplen con los requisitos establecidos por la normativa.

“Los informales pasan de mil”, señaló el funcionario, al precisar que la cifra prácticamente duplica a la de los vehículos formales que actualmente operan en la región.

TRANSPORTE FORMAL EN MINORÍA

De acuerdo con las estadísticas de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), en Arequipa existen actualmente 52 empresas autorizadas de categoría M3, es decir, buses interprovinciales. Estas compañías operan con 280 vehículos habilitados, los cuales cubren 92 rutas dentro del ámbito regional.

En el caso de las unidades de menor capacidad, clasificadas como categoría M2 (vans o combis), la región cuenta con 28 empresas autorizadas, que operan con 320 vehículos distribuidos en 33 rutas.

Si se comparan estas cifras con la cantidad de unidades informales que circulan diariamente, el panorama es preocupante: los vehículos sin autorización prácticamente duplican a los formales.

Esta situación genera un sistema de transporte desordenado, donde muchas unidades prestan servicio sin cumplir con requisitos básicos de seguridad, sin controles técnicos y sin garantías para los pasajeros.

MEDIDAS CAUTELARES

Otro problema que complica el ordenamiento del transporte interprovincial en la región es la situación legal de varias empresas que operan con autorizaciones vencidas.

Según explicó el gerente regional de Transportes, muchas empresas de transporte tipo M2 obtuvieron permisos durante la década pasada. Estas autorizaciones tenían una vigencia de diez años, plazo que actualmente ya se está cumpliendo o ha sido superado.

Sin embargo, en lugar de abandonar la actividad o renovar su situación administrativa, varias empresas han recurrido al Poder Judicial para mantener sus operaciones mediante medidas cautelares.

“Ellos obtuvieron permisos en la década pasada, los mismos tenían una vigencia de diez años. Ya se están venciendo. Sin embargo, han recurrido al Poder Judicial y este les ha aprobado medidas cautelares hasta que se resuelva el fondo del caso”, explicó Aquice Cárdenas.

Esto significa que, mientras los procesos judiciales continúan, las empresas pueden seguir operando temporalmente, lo que dificulta aún más el control y la fiscalización del servicio.

La situación genera además un escenario de incertidumbre para las autoridades regionales, que tienen limitadas herramientas para intervenir mientras los procesos legales sigan abiertos.

REUNIONES SIN RESULTADOS

El crecimiento del transporte informal no es un problema nuevo en Arequipa. Desde hace varios años se discuten propuestas para ordenar el sistema y reforzar los mecanismos de control.

No obstante, en la práctica los avances han sido mínimos.

Las autoridades regionales, junto con otras instituciones vinculadas al sector Transporte, han sostenido numerosas reuniones y mesas de trabajo con el objetivo de diseñar estrategias de formalización y fiscalización. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado medidas concretas que permitan reducir significativamente la presencia de unidades informales.

La falta de acciones efectivas ha generado críticas de diversos sectores, que consideran que el problema continúa creciendo mientras las autoridades debaten posibles soluciones.

DEPÓSITO PARA INFORMALES

Uno de los proyectos que se planteó como una alternativa para enfrentar el transporte informal fue la creación de un depósito para vehículos interprovinciales que operan sin autorización.

La idea fue planteada en el año 2024 y buscaba contar con un espacio donde se pudiera internar a las unidades intervenidas durante los operativos de fiscalización.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la propuesta aún no se ha concretado.

Según informó el gerente regional de Transportes, el proyecto todavía se encuentra en una fase inicial y no se prevé que pueda materializarse en el corto plazo.

Hasta el momento, el único avance consiste en conversaciones con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) para que esta institución se encargue de elaborar el expediente técnico necesario para habilitar el depósito.

El lugar previsto para su eventual construcción sería una zona ubicada en el kilómetro 48, aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio de las obras ni para su implementación.

La ausencia de un espacio adecuado para internar las unidades intervenidas dificulta el trabajo de fiscalización, ya que muchas veces los vehículos retenidos deben ser liberados por falta de infraestructura o por limitaciones logísticas.

RIESGOS PARA PASAJEROS

Más allá del desorden que genera en el sistema de transporte, la informalidad representa un riesgo directo para los ciudadanos que utilizan estos servicios.

Subir a un vehículo interprovincial sin autorización significa exponerse a diversas situaciones de peligro. Muchas de estas unidades no cuentan con seguros obligatorios, lo que deja desprotegidos a los pasajeros si ocurriera un accidente.

Asimismo, en varios casos los conductores no tienen la licencia correspondiente para el tipo de vehículo que conducen, lo que incrementa el riesgo en las carreteras.

A esto se suma que muchas unidades informales no cumplen con condiciones mínimas de seguridad, como asientos adecuados, cinturones de seguridad o mantenimiento técnico periódico.

Otro factor preocupante es que estos vehículos pueden ser fácilmente utilizados por delincuentes para abordar o abandonar las unidades, debido a la ausencia de controles y registros formales de pasajeros.

También se ha denunciado la presencia de cobros ilegales o cupos en algunas rutas, situación que termina trasladándose el costo del pasaje y afecta tanto a los usuarios como a las empresas que sí operan dentro de la legalidad.

Mientras el transporte informal continúe creciendo, el desafío para las autoridades será encontrar mecanismos eficaces que permitan ordenar el sector, garantizar la seguridad de los pasajeros y fortalecer el transporte formal en la región Arequipa.