La violencia psicológica continúa siendo la forma de agresión más frecuente contra las mujeres en la región Arequipa. Así lo revelan las estadísticas del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que reportó 2 544 denuncias por violencia durante los dos primeros meses del 2026.

De acuerdo con el registro oficial, en este mismo periodo las autoridades judiciales emitieron 1 991 medidas de protección destinadas a salvaguardar la integridad y el bienestar de las víctimas.

Las cifras evidencian que el 64 % de los casos corresponde a violencia psicológica, un tipo de agresión que muchas veces resulta difícil de identificar porque no deja huellas físicas visibles, pero que afecta profundamente la estabilidad emocional de las personas.

En segundo lugar se ubica la violencia sexual, que representa el 24.38 % de las denuncias, seguida por la violencia física, con 9.42 % de los casos. Finalmente, la violencia patrimonial o económica constituye el 2.03 % de las agresiones registradas.

Especialistas señalan que la violencia psicológica suele manifestarse a través de insultos, humillaciones, amenazas, control excesivo o manipulación emocional, conductas que generan graves consecuencias en la salud mental de las víctimas.

El módulo judicial que atiende estos casos en la región forma parte de las estrategias implementadas por el sistema de justicia para enfrentar la violencia familiar. Este servicio fue creado en 2018 con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y especializada frente a las denuncias por agresión contra mujeres y otros integrantes del grupo familiar.

Desde su implementación, el sistema ha registrado 143 826 denuncias por violencia familiar en la región Arequipa y ha dictado 116 885 medidas de protección, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de reforzar las acciones de prevención.

Las autoridades judiciales advierten que estas cifras evidencian que la violencia contra la mujer continúa siendo una problemática persistente que requiere una respuesta integral por parte del Estado y la sociedad.

En ese sentido, se recomienda a las víctimas de violencia psicológica, física o sexual acudir a las comisarías, fiscalías o a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) para denunciar los hechos y recibir asistencia legal, psicológica y social.

Fortalecer la prevención, promover la denuncia y garantizar la protección efectiva de las víctimas son medidas clave para enfrentar un problema que sigue afectando a miles de mujeres en la región.