La escalada bélica en Medio Oriente, además de las graves consecuencias humanitarias que implica, ya está generando efectos en la economía internacional y, por extensión, en la economía peruana. Estos impactos no solo se observan en las variables macroeconómicas, sino también, de manera directa, en el bolsillo de los ciudadanos. El principal canal a través del cual se transmite este choque externo es el precio del petróleo.

Desde el inicio del conflicto en el Medio Oriente, el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz (ubicado en Irán) se ha vuelto altamente riesgoso. Irán ha advertido que podría atacar buques vinculados a Estados Unidos, Israel o sus aliados, lo que ha provocado una fuerte reducción del tráfico marítimo. Aunque el estrecho no ha sido formalmente cerrado, en la práctica el flujo de petroleros se ha desplomado debido a amenazas, ataques y a la retirada de seguros marítimos. Dado que por esta ruta transita cerca del 20% del petróleo mundial, la disrupción ha generado preocupación por la oferta global de crudo y por posibles interrupciones adicionales del suministro.

El resultado ha sido inmediato en los mercados internacionales. El precio del petróleo Brent pasó de USD 72 por barril el 27 de febrero —un día antes del inicio del conflicto— a USD 85.41 el 5 de marzo, lo que representa un incremento cercano al 19% en apenas unos días.

Como si ello no fuera suficiente, el mercado energético nacional enfrenta un shock adicional. La deflagración ocurrida en los ductos de la concesionaria Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha obligado a declarar en emergencia el suministro de gas por un periodo de 14 días, tiempo en el cual TGP estima podrá reestablecer el suministro del gas a sus flujos normales. Cabe resaltar que, al estar este servicio concesionado, la empresa privada tiene todos los incentivos en reparar los ductos en el menor tiempo posible (para evitar posibles sanciones y afectaciones a sus ingresos). Una situación diferente sería si las reparaciones las tuviera que hacer directamente el sector público, con tiempos bastante prolongados.

Este evento ha tenido efectos inmediatos en el sistema eléctrico nacional: el costo marginal de la electricidad se elevó de alrededor de US$32 a más de US$200 por MWh (COES, 2026). La razón es clara. Ante la menor disponibilidad de gas natural, el sistema eléctrico debe sustituir generación a gas por generación a diésel, un combustible importado cuyo precio está directamente vinculado al del petróleo Brent. El resultado es una multiplicación de los costos del sistema.

Las consecuencias de la guerra y de la emergencia de gas natural ya comienzan a observarse en el mercado interno de combustibles. En Arequipa, por ejemplo, el incremento de precios ha sido notorio. En enero, el precio promedio de venta del gasohol regular en distribuidores mayoristas era de S/ 10.84 por galón; al 6 de marzo, dicho precio alcanzó S/ 13.99 por galón, lo que representa un aumento cercano al 30%.

Mientras persista el conflicto en Medio Oriente y continúen las restricciones en el suministro de gas en el país, es razonable esperar nuevas presiones al alza en los precios de los combustibles y de la energía. Si bien el Perú no tiene capacidad para influir en el desarrollo de un conflicto internacional ni en los precios globales del petróleo, sí puede —y debe— estar preparado para actuar con rapidez para mitigar sus efectos.

Así, una de las principales fortalezas del Perú es su estabilidad macroeconómica. Contar con una economía sólida facilita la mitigación de choques externos adversos. Por ejemplo, una de las consecuencias del conflicto armado y de las restricciones en el mercado global del petróleo es el fortalecimiento del dólar, lo que ejerce presiones al alza sobre el tipo de cambio. Frente a ello, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha intervenido incrementando la oferta de dólares en el mercado cambiario con el fin de moderar la depreciación del sol. Esta capacidad de intervención se sustenta en el nivel de reservas internacionales del país (USD 90 214 millones al cierre de 2025, equivalente a aproximadamente 30 % del PBI), lo que permite al BCRP actuar de manera efectiva ante episodios de volatilidad cambiaria.

Asimismo, como ya se mencionó, resulta importante que se reestablezca el flujo regular de gas natural, a fin de contener el impacto del encarecimiento de los combustibles sobre los hogares y las empresas del país. No obstante, medidas como las recientemente anunciadas por el Gobierno, que disponen que las clases de los estudiantes se realicen de manera virtual, no contribuyen a resolver los problemas estructurales del mercado energético. Por el contrario, dichas medidas terminan restringiendo las libertades de las personas y pueden afectar negativamente el rendimiento académico de los estudiantes.