Por Jorge Turpo R.

El líder de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, presentó sus principales propuestas para combatir la corrupción, la inseguridad y la minería ilegal.

ELECCIONES 2026

Rafael Belaúnde, candidato a la Presidencia por el Partido Libertad Popular, ofreció una lectura severa del momento político que atraviesa el país: un Estado capturado por intereses que blindan la corrupción, debilitan la democracia y alimentan la inseguridad.

En esta entrevista, cuestiona el rol del Parlamento, plantea la necesidad de una reforma profunda del sistema político, propone una ofensiva frontal contra el crimen organizado y la minería ilegal, y defiende un modelo de desarrollo descentralizado que le devuelva al Estado su razón de ser: servir al ciudadano y no servirse de él.

¿Confía en que las elecciones presidenciales de 2026 serán transparentes?

—Confío en la ONPE y en el Jurado Nacional de Elecciones. Han demostrado que pueden conducir procesos electorales incluso en condiciones difíciles. Lo que no genera confianza es el Congreso, donde un grupo de intereses maneja los hilos del poder. Aun así, hay que jugar este partido, aunque la cancha esté inclinada, porque lo que está en juego no es una elección más, sino el futuro de varias generaciones.

Con una oferta electoral tan dispersa, ¿cuál es su estrategia para superar la valla electoral?

—Nuestro primer objetivo es superar la valla recorriendo el país, pueblo por pueblo, como lo hizo Fernando Belaúnde. Creemos que hay que reivindicar la honradez como doctrina y como forma de actuar en la función pública. El elector merece respeto y explicaciones racionales, no demagogia ni propuestas irresponsables como las del señor López Aliaga. Tenemos un plan serio y lo estamos explicando con claridad y transparencia.

¿Cómo evitar que el próximo presidente se convierta en un “segundo alcalde de Lima” y se perpetúe el centralismo?

—El problema es que se ha malentendido el ejercicio de la Presidencia. El Perú no se gobierna desde Palacio. Es un país con enormes desafíos geográficos y climáticos. Gobernar exige presencia física, recorrer regiones, visitar la Amazonía, las zonas altoandinas, los lugares donde los niños mueren por frío o falta de servicios. El país debe gobernarse de manera descentralizada, con decisión y entusiasmo.

Se estima que, de cada cien soles de la inversión pública, trece termina en corrupción. ¿Cómo enfrentar ese problema?

—Hay que desmontar el andamiaje legal que este Congreso ha creado para proteger a corruptos, economías ilegales y al crimen organizado. Debe haber sanciones más severas, pero la corrupción es, sobre todo, un problema de personas. La política ha expulsado a los mejores y ha sido ocupada por lobistas y mercachifles. Necesitamos una regeneración de toda la clase política, de izquierda a derecha, y recuperar la política como servicio público, no como botín.

¿Cuál es su propuesta frente a la inseguridad ciudadana y el avance del sicariato y la extorsión?

—La inseguridad ciudadana es el primer punto de la agenda de gobierno. La extorsión deja huellas: llamadas, cartas, pagos, transacciones. Eso permite hacer inteligencia operativa. Se necesita una fuerza especial con tecnología, jueces y fiscales especializados, protección contra infiltraciones y presupuesto para informantes y agentes encubiertos. Todo debe articularse bajo el liderazgo del presidente, que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Sobre la minería informal, ¿qué cambios propone?

—El problema es que no existe un camino real para la formalización. El Reinfo ha sido contraproducente porque elimina incentivos para formalizarse y fomenta economías ilegales asociadas a delitos como la trata de personas y la extorsión. Yo estoy en contra de extenderlo un minuto más. Solo cerrándolo se obligará al Congreso a legislar seriamente una vía razonable de formalización.

¿Está de acuerdo con un impuesto a las sobreganancias mineras?

—El sistema peruano ya funciona así. La carga tributaria aumenta cuando crecen las utilidades operativas. Una minera de cobre puede pagar cerca del 50%. El problema no es la tasa, sino el mal uso de la renta minera. Miles de millones de soles de canon no se han ejecutado. Hay que reformar su uso y distribución.

¿Qué plantea respecto al canon minero y las poblaciones de zonas de influencia?

—El beneficio debe ser directo para el poblador. No puede ser que el Estado y la empresa se repartan la riqueza y la población solo mire. Proponemos mecanismos como un “cheque minero” o el fortalecimiento de programas sociales. La gente de Espinar o del Valle del Tambo debe sentir cómo la minería mejora su vida.

Usted sufrió un atentado y hasta se hizo una selfie. ¿Se sabe quién estuvo detrás?

—La Policía realizó una investigación rigurosa y determinó que fue un ataque vinculado a la criminalidad del sector construcción. No publiqué ningún “selfie”; tomé una foto para informar a mi abogado. Se intercambiaron disparos y hay peritajes que lo confirman. No aceptamos extorsiones.

Finalmente, ¿cuál sería la marca de su gobierno?

—En seguridad, una fuerza pública aplastante contra el crimen, con todo el respaldo técnico y legal. En lo económico, promover la inversión privada sin complejos, pero con una agenda social clara. El Estado debe garantizar servicios básicos como agua, salud, educación e internet. Hay que romper monopolios, usar asociaciones público-privadas y dejar de lado dogmas ideológicos. El objetivo es poner la cancha pareja para que todos puedan participar del desarrollo.