Por: Carlos Meneses

En un país donde la minería es uno de los pilares de la economía, la diferencia entre formalidad e informalidad no es solo una cuestión legal. Es, sobre todo, un tema de desarrollo y de futuro para millones de peruanos.

Por años se ha repetido un argumento que pretende justificar la expansión de la minería informal e ilegal en el Perú: que esta actividad genera ingresos rápidos y dinamiza las economías locales. Bajo esa premisa, se ha querido instalar la idea de que, aunque carezca de regulación, la minería informal puede convertirse en una oportunidad de desarrollo para las poblaciones donde se instala. Sin embargo, la evidencia comienza a demostrar lo contrario.

Un reciente estudio de Videnza Instituto revela que los distritos donde predomina la minería no formal no registran mejoras significativas en su desarrollo humano. Por el contrario, en muchos casos presentan avances más lentos o incluso retrocesos en indicadores sociales claves en comparación con territorios donde existe minería formal o donde no hay actividad minera.

La investigación, titulada “Estudio sobre la minería formal y no formal y su impacto en el desarrollo territorial”, analiza información económica y social de los distritos del país desde el año 2018. Para ello, los especialistas cruzaron datos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), las concesiones mineras del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el mapa del canon minero del Ministerio de Economía y Finanzas y estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Los resultados muestran una realidad preocupante. En el Perú existen 221 distritos donde predomina la minería informal, frente a apenas 85 distritos donde la actividad predominante es la minería formal. Además, se identificaron 380 distritos donde ambas modalidades coexisten y 214 donde la minería formal tiene mayor presencia. Estas cifras evidencian la magnitud de la expansión de la minería no formal en el territorio nacional.

Pero el dato más revelador surge al analizar el impacto de esta actividad en la calidad de vida de la población. Al comparar el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide esperanza de vida, educación e ingresos, los investigadores encontraron que los distritos con minería formal y aquellos sin actividad minera registran los mejores resultados. En cambio, los territorios donde predomina la minería informal presentan indicadores más bajos.

Entre 2019 y 2024, los distritos con minería formal fueron los que más incrementaron su índice de desarrollo humano. En segundo lugar se ubicaron los distritos no mineros, mientras que los territorios dominados por la minería informal quedaron rezagados.

Los resultados desmontan uno de los argumentos más difundidos en defensa de la minería ilegal. Ni los ingresos familiares, ni el acceso a educación, ni la esperanza de vida muestran mejoras claras en los territorios donde esta actividad predomina.

La conclusión es clara: la minería ilegal no genera desarrollo sostenible. Por el contrario, puede convertirse en un factor que retrasa el progreso social y económico de las comunidades.