La Unidad de Flagrancia de Arequipa, creada para acelerar los procesos judiciales en casos de delitos cometidos en flagrancia, enfrenta limitaciones en personal, infraestructura y servicios complementarios que afectan su funcionamiento pleno. A pesar de estas dificultades, el sistema ha logrado emitir más de 1500 sentencias desde su puesta en marcha en mayo de 2024, reflejando una alta rotación de casos y una respuesta judicial más rápida.

PERMITE RESOLVER PROCESOS EN UN PLAZO DE HASTA 48 HORAS

Este modelo permite resolver procesos en un plazo de hasta 48 horas mediante la coordinación entre el Poder Judicial del Perú, el Ministerio Público del Perú, la Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa advierten que aún no se cuenta con los recursos necesarios para operar en condiciones óptimas.

El presidente de la Corte, Nicolás Iscarra Pongo, explicó que una de las principales limitaciones se presenta en la Defensa Pública. Para atender adecuadamente la demanda se necesitarían al menos 12 abogados, pero actualmente solo hay cuatro defensores que además deben cumplir funciones en otras áreas, lo que genera una sobrecarga de trabajo.

A ello se suma que la unidad funciona en un local alquilado que originalmente fue diseñado como colegio y no como sede judicial. Esta situación dificulta la adecuación de espacios para audiencias, atención al público y custodia de detenidos.

Uno de los ambientes más comprometidos es la carceleta destinada a albergar temporalmente a las personas intervenidas. Mientras en los primeros meses su ocupación era baja, el incremento de casos ha provocado su saturación, por lo que se requiere un espacio más amplio para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y control.

Otra carencia importante es la ausencia de un laboratorio forense dentro de la unidad. Este servicio permitiría realizar evaluaciones periciales inmediatas, como exámenes médicos o análisis técnicos, fundamentales para reforzar las investigaciones en procesos de flagrancia.

Según Iscarra Pongo, la implementación de este laboratorio forma parte de las fases pendientes del proyecto, pero aún no ha sido priorizada por el Gobierno central. Aunque el financiamiento actual permite mantener operativa la unidad durante este año, el aumento de casos podría obligar a reforzar personal, infraestructura y servicios especializados.

Las autoridades judiciales advierten que, de no atenderse estas necesidades, el crecimiento del sistema podría verse limitado y afectar la eficiencia de un modelo diseñado precisamente para ofrecer justicia rápida y oportuna frente al delito.