La legislación electoral peruana establece que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) no pueden postular a cargos públicos. Sin embargo, dos candidatos al Parlamento Andino continúan en carrera electoral pese a registrar deudas por pensión de alimentos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la aplicación de la norma por parte del sistema electoral.

La disposición se encuentra en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones del Perú, que establece restricciones para quienes incumplen obligaciones alimentarias con sus hijos. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones no ha aplicado la exclusión a dos aspirantes, quienes mantienen deudas registradas en el sistema judicial.

Los candidatos observados son Carlos Olavarría Saavedra, postulante al Parlamento Andino por Somos Perú, y Waldemar Chanzapa Franco, candidato de Ahora Nación. Ambos figuran en el Redam por incumplimiento del pago de pensión de alimentos a favor de sus hijos.

Según reportes periodísticos difundidos por el programa Contracorriente, Olavarría registra una deuda aproximada de S/ 34,483, acumulada tras seis años de incumplimiento en el pago de una pensión mensual fijada en S/ 440.

En el caso de Chanzapa Franco, la deuda alcanza S/ 8,222, correspondiente a un periodo aproximado de dos años sin cumplir con el pago de una pensión alimentaria de S/ 320 mensuales.

El abogado Richard Rubio cuestionó duramente la situación y planteó un debate sobre la legitimidad moral de quienes buscan ocupar cargos públicos sin haber cumplido responsabilidades básicas con sus hijos.

“Si no das de comer a tus hijos, si no alimentas el producto de tu creación, ¿con qué moral vas a servir al pueblo al que pretendes representar?”, señaló el especialista.

La controversia también pone en debate la eficacia de los mecanismos de control electoral y la coherencia entre las normas vigentes y su aplicación durante los procesos electorales.

El especialista en temas electorales José Tello explicó que la situación responde a una limitación procedimental dentro del propio proceso electoral. Según indicó, una vez superada la etapa de tachas en las listas de candidatos, resulta muy difícil retirar a un postulante, incluso si posteriormente se detectan observaciones relevantes.

En ese sentido, los candidatos cuestionados permanecerían en carrera electoral debido a que la normativa actual no contempla un mecanismo de exclusión automática en etapas avanzadas del proceso.

Esta situación ha sido interpretada por algunos especialistas como una zona de impunidad administrativa, ya que ninguna autoridad electoral asumiría responsabilidad directa por permitir la continuidad de candidaturas que, en principio, contravendrían el espíritu de la ley.

El caso también ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los filtros de evaluación de candidaturas antes de la inscripción definitiva, de modo que las autoridades electorales puedan verificar con mayor rigurosidad el cumplimiento de obligaciones legales por parte de los postulantes.

Diversos analistas sostienen que el sistema electoral debería cruzar automáticamente información con registros oficiales como el Redam antes de aprobar las candidaturas.

La polémica adquiere mayor relevancia en un contexto de desconfianza ciudadana hacia la clase política, donde el cumplimiento de obligaciones básicas como la pensión alimentaria es considerado un indicador de responsabilidad personal y ética pública.

En medio de esta polémica también han surgido cuestionamientos hacia dirigentes políticos. En el caso de Somos Perú, algunos sectores recordaron controversias pasadas relacionadas con su dirigencia.

La actual presidenta del partido, Patricia Li, enfrentó años atrás un proceso judicial por la presentación de un certificado de estudios presuntamente falso cuando trabajó en el Congreso de la República del Perú, aunque el caso finalmente prescribió.

Si bien estos antecedentes no están directamente vinculados con las candidaturas actuales, han sido mencionados en el debate público sobre la transparencia y los filtros en la selección de postulantes.

El hecho de que candidatos con deudas alimentarias puedan participar en procesos electorales genera preocupación en diversos sectores, ya que la ley busca precisamente impedir que personas que incumplen obligaciones familiares accedan a cargos públicos.

Especialistas en derecho electoral señalan que la norma fue creada para promover estándares mínimos de responsabilidad personal en quienes aspiran a representar a la ciudadanía.

No obstante, la falta de mecanismos de aplicación eficaces evidencia vacíos que podrían ser corregidos mediante reformas legales o ajustes en los procedimientos de verificación de candidaturas.