El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es, probablemente, la institución más sólida y creíble del Estado peruano. Su prestigio no se limita al ámbito nacional: también goza de reconocimiento en los mercados y organismos internacionales. Esta se debe al marco constitucional que la protege – desde la Constitución Política del Perú de 1979 y hasta la Constitución Política de 1993 – que le otorga autonomía de los vaivenes políticos y las tentaciones demagógicas que con frecuencia dominan la vida pública.  A ello se suma el liderazgo técnico sostenido durante décadas, que ha permitido preservar la continuidad de la política monetaria.

En los últimos veinte años, el BCRP ha operado como el ancla de un barco que atraviesa una tormenta política permanente. Su autonomía – reforzada tras el trauma de la hiperinflación de los años ochenta – permitió adoptar una política monetaria basada en metas explícitas de inflación, la llamada “inflación meta”. Mientras varios países de la región enfrentaban episodios de volatilidad o espirales inflacionarias, el banco consolidó al sol como una de las monedas más estables de América Latina.

La política peruana de las últimas décadas se define como una paradoja: crecimiento sin desarrollo. El crecimiento económico es condición necesaria para el desarrollo, pero no lo garantiza. El desarrollo implica algo más amplio, lo que mide el índice de desarrollo humano: salud, educación, empleo digno y esperanza de vida. En este periodo el país ha visto pasar más de media docena de presidentes, enfrentamientos entre los poderes del Estado, cierres del Congreso y una fragmentación partidaria que roza lo absurdo. Sin embargo, variables macroeconómicas clave – reservas internacionales, deuda pública o estabilidad cambiaria – se mantuvieron relativamente sólidas.

Ese contraste revela uno de los rasgos más dramáticos de la realidad peruana: mientras la política vive en crisis recurrente, la economía macro ha avanzado con cierta estabilidad. Pero esa estabilidad no siempre se traduce en bienestar cotidiano para todos los ciudadanos. Durante años, la economía avanzó por un carril distinto al de la representación política, lo que permitió preservar la estabilidad monetaria, aunque también evidenció la incapacidad del Estado para transformar ese orden macroeconómico en servicios públicos de calidad.

Hoy ese límite aparece con mayor claridad. El gran lastre del crecimiento potencial ha sido la degradación de la política. Aunque el BCRP logró evitar crisis monetarias incluso en medio de escándalos como el caso Lava Jato en Perú, las constantes crisis presidenciales, las vacancias y el ruido institucional han golpeado la confianza empresarial y frenado reformas económicas más profundas. La clase política, concentrada en su supervivencia inmediata, ha terminado delegando de facto la estabilidad económica en el banco central.

Un viejo refrán alemán dice que algunos discuten el color de las cortinas del segundo piso mientras el incendio devora el primero. Algo parecido ha ocurrido en el Perú. El BCRP ha funcionado como un extintor eficaz en una casa donde los inquilinos siguen jugando con fósforos. Pero la estabilidad monetaria, aunque indispensable, no basta para construir desarrollo. La lección tras dos décadas es clara: una institución técnica brillante puede evitar una crisis cambiaria, pero no puede reemplazar la ausencia de un verdadero proyecto de Estado.

La estabilidad monetaria puede sostener la casa por un tiempo, pero tarde o temprano el país tendrá que decidir si quiere seguir apagando incendios o empezar, de una vez, a reconstruir la casa.