Por: Carlos Meneses

La pronta reapertura del sistema de GNV es, sin duda, una buena noticia. Pero también debe servir como recordatorio de que la infraestructura energética requiere planificación, inversión y vigilancia constante. Solo así se evitará que eventos similares vuelvan a poner en riesgo el funcionamiento de sectores clave de la economía y la vida cotidiana de millones de peruanos.

El anuncio del presidente José María Balcázar sobre la próxima reapertura del sistema de gas natural vehicular (GNV) representa un alivio para miles de transportistas, empresas y ciudadanos que durante los últimos días han enfrentado las consecuencias del desabastecimiento de este combustible. La interrupción del suministro, originada por daños en el ducto del proyecto Gasoducto de Camisea en el distrito de Megantoni, evidenció una vez más la alta dependencia del país de esta infraestructura estratégica.

Según lo anunciado por el jefe de Estado, la empresa Transportadora de Gas del Perú culminará los trabajos de reparación hacia el viernes, lo que permitiría reabrir el sistema de GNV en los grifos a partir del sábado. De cumplirse el cronograma, el abastecimiento debería normalizarse progresivamente en los principales centros de consumo, especialmente en Lima y Callao, donde el uso de gas natural en el transporte público es masivo.

El restablecimiento del servicio no solo significa que los vehículos que utilizan GNV podrán volver a operar con normalidad. También implica la reactivación de actividades industriales que dependen del gas natural para sus procesos productivos. Durante los días de restricción, numerosos sectores experimentaron dificultades para mantener sus operaciones, lo que demuestra la importancia de este recurso en la economía nacional.

Sin embargo, más allá de la pronta solución al problema inmediato, este episodio debe abrir un debate más amplio sobre la seguridad energética del país. La paralización parcial del sistema, ocasionada por un incidente en un tramo del gasoducto, fue suficiente para generar tensiones en el transporte urbano, incremento en los costos operativos y preocupación en la población.

Esto revela la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, mantenimiento y monitoreo de las infraestructuras energéticas críticas. También plantea la urgencia de contar con mecanismos de contingencia más robustos que permitan garantizar la continuidad del suministro en situaciones de emergencia.

El gobierno ha señalado que desde el inicio de la crisis se instaló un comité de seguimiento para supervisar los trabajos de reparación y coordinar las medidas necesarias para mitigar el impacto del desabastecimiento. Este tipo de acciones son positivas, pero deben complementarse con políticas de largo plazo que aseguren la resiliencia del sistema energético.

El proyecto de Camisea ha sido, durante más de dos décadas, uno de los pilares de la matriz energética peruana. Gracias a él, el gas natural se convirtió en una alternativa más económica y limpia para el transporte y la industria. Precisamente por su importancia estratégica, el país debe garantizar que su operación se mantenga segura, eficiente y sostenible.