Por: Carlos Meneses

Arequipa no puede limitarse a observar desde la tribuna cómo se distribuyen los recursos para la gestión del riesgo. Es necesario que las autoridades regionales y municipales levanten la voz, sustenten sus necesidades y gestionen activamente los fondos que permitan proteger a la población. Porque cuando se trata de prevención y seguridad, la ausencia en la lista no debería ser una opción.

El Gobierno anunció la transferencia de más de 66 millones de soles a 29 municipalidades de nueve regiones del país para atender emergencias provocadas por desastres naturales. La medida, aprobada mediante decreto supremo y ejecutada a través del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), busca financiar obras urgentes de rehabilitación y prevención. Sin embargo, en la lista de regiones beneficiadas hay una ausencia que llama poderosamente la atención: Arequipa no figura.

Los recursos están destinados a municipalidades de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, San Martín y Ucayali, donde se ejecutarán 47 intervenciones relacionadas con la rehabilitación de infraestructura educativa, saneamiento, riego y vías de comunicación, además de medidas de protección frente a inundaciones y erosión. Sin duda, se trata de acciones necesarias para proteger a más de 14 mil ciudadanos en zonas vulnerables. Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué Arequipa no aparece entre las regiones consideradas?

En los últimos años, el sur del país también ha sido escenario de fenómenos climáticos que afectan directamente a su población y a su infraestructura. Las lluvias intensas en la sierra, los huaicos en zonas altas y los daños en carreteras que conectan provincias son una realidad recurrente. A ello se suman las necesidades de mantenimiento y prevención en quebradas, ríos y sistemas de drenaje que, en varios distritos, siguen siendo tareas pendientes.

No se trata de restar importancia a las emergencias que atraviesan otras regiones. El país es diverso y cada territorio enfrenta riesgos distintos. Sin embargo, preocupa que Arequipa, una de las regiones con mayor población, dinamismo económico y aporte fiscal al Estado, quede nuevamente fuera de decisiones que implican recursos para la prevención y la gestión del riesgo.

La exclusión también abre un debate necesario sobre la capacidad de gestión de los gobiernos locales y regionales. Para acceder a este tipo de fondos es indispensable que las autoridades presenten expedientes técnicos, identifiquen zonas de riesgo y gestionen adecuadamente los proyectos ante el Ejecutivo. Si Arequipa no figura en la lista, cabe preguntarse si el problema radica en la falta de priorización del Gobierno central o en una débil capacidad de gestión de nuestras propias autoridades.

La prevención es una de las herramientas más importantes frente a los desastres naturales. Cada sol invertido antes de una emergencia evita pérdidas humanas, económicas y sociales mucho mayores después. Por ello, resulta preocupante que una región con antecedentes de eventos climáticos y con amplias zonas vulnerables no esté considerada en este paquete de intervenciones.