Por Jorge Turpo R.

Según el especialista, César Ipenza, se ponen en riesgo la inversión, la estabilidad jurídica y los recursos por canon para las regiones. Hay decenas de candidatos vinculados al Reinfo.

VIGENCIA DE LA BANCADA REINFO

La presencia de candidatos vinculados a la minería informal ya no es marginal ni silenciosa, se ha convertido en una estrategia política abierta. Según el abogado César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), diversos partidos han incluido en sus listas a postulantes con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigente, suspendido o incluso excluido.

Solo en Arequipa, de acuerdo con el portal Territorio Tomado, hay al menos ocho candidatos al Senado y la Cámara de Diputados con este tipo de antecedentes.

Entre ellos figura David Jesús Amanqui Quispe, del partido País para Todos, quien postula a la Cámara de Diputados y registra cinco Reinfos: tres de ellos vigentes, ubicados en Arequipa y Cusco. y dos en Ayacucho en condición de excluidos al 2026. En la misma línea, el candidato a diputado Rodrígues Juan Uscamayta Totocayo, del Frepap, también presenta dos registros en Ayacucho, ambos en estado de excluido.

Por su parte, Lázaro Humberto Clemente Cáceres, candidato arequipeño al Senado por el Partido Democrático Federal, cuenta con cuatro derechos mineros en la región Arequipa. Estos casos reflejan cómo diversos postulantes mantienen vínculos directos con actividades extractivas bajo el paraguas del Reinfo, ya sea mediante registros vigentes, suspendidos o excluidos, lo que evidencia la presencia creciente de intereses de la minería informal dentro de la contienda electoral.

Para Ipenza, esta tendencia evidencia que “la minería informal no solo busca sobrevivir, sino consolidar poder político para influir directamente en las decisiones del Estado”.

El fenómeno no es aislado. A nivel nacional, al menos 64 candidatos al Parlamento tienen o tuvieron registros en el Reinfo, un sistema que, según el especialista, fracasó en su objetivo de formalizar la actividad minera.

Los nombres empiezan a repetirse en distintas organizaciones políticas. Javier Bernal Salas, dirigente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), postula por Renovación Popular. Adolfo Valverde Calipuy, asesor de la misma organización, lo hace por Perú Libre.

A ellos se suma Raúl Noblecilla, asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales, quien integra la plancha presidencial de Podemos Perú y aspira al Senado. En ese mismo partido también postula el actual congresista Guido Bellido, integrante de la Comisión de Energía y Minas.

Para César Ipenza, estas candidaturas reflejan la consolidación de lo que denomina una “Bancada Reinfo”: un bloque multipartidario que trasciende ideologías y responde a un mismo interés. “No es una bancada formal, pero actúa como tal. Tiene un objetivo político y electoral vinculado a la minería informal, y opera como una coalición dentro del Congreso”, explica.

PODER ECONÓMICO

El origen de esta fuerza se encuentra en el crecimiento económico de la minería informal. Según Ipenza, este sector ha logrado exportar más de 100 toneladas de oro, generando ingresos superiores a los 11.500 millones de dólares.

“Con ese volumen de dinero, no solo se financian operaciones, sino también campañas políticas. Estamos frente a un actor con capacidad de influir en elecciones”, advierte.

Pero el verdadero punto de inflexión ha sido el proceso de formalización. El Reinfo, creado como un mecanismo temporal para ordenar la actividad minera, ha sido ampliado en cinco ocasiones.

“Cada prórroga ha sido impulsada por congresistas que hoy forman parte de esta bancada. Lo que debió ser una transición se convirtió en un estado permanente de informalidad tolerada”, sostiene Ipenza.

Entre quienes respaldaron estas ampliaciones figuran legisladores como Guido Bellido, Luis Ángel Aragón y Katy Ugarte. Para el especialista, estas decisiones no solo postergaron la solución del problema, sino que consolidaron un marco legal flexible que favorece la continuidad de la informalidad.

Ahora, a pocos meses de culminar el actual periodo parlamentario, esta bancada busca dar un paso más.

El último 17 de marzo, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que plantea cambios sustanciales en el régimen minero. Entre las propuestas se incluye obligar a las empresas formales a firmar acuerdos con comunidades, eliminar el carácter irrevocable de las concesiones, reducir de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción y aplicar nuevos costos a concesiones ya otorgadas.

Para César Ipenza, el impacto de estas modificaciones, representan un quiebre en la estabilidad jurídica del sector. Advierte que la reducción del plazo de concesiones afectaría directamente la predictibilidad de las inversiones.

“Sin seguridad jurídica no hay inversión, y sin inversión no hay canon minero. Es una cadena. Si se rompe, las consecuencias las pagarán las regiones más pobres”, explica.

Además, cuestiona el momento en que se impulsan estas reformas. “No es casualidad que este dictamen avance en plena campaña electoral. Hay un claro interés de captar el voto de los sectores vinculados a la minería informal”, afirma.

Durante años, la minería informal operó al margen del sistema y fue objeto de persecución. Hoy, en cambio, cuenta con representación política y busca consolidarla en las urnas.

Para César Ipenza, el riesgo es evidente: “Si más candidatos con Reinfo llegan al Congreso, la ‘Bancada Reinfo’ no solo se mantendrá, sino que se fortalecerá. Con ello, aumentará su capacidad de cambiar las reglas del juego a su favor”.

El problema ya no es solo económico o ambiental. Es, sobre todo, político. Una minería que antes escapaba del Estado ahora intenta rediseñarlo desde dentro. Según advierte Ipenza, esa puede ser la transformación más difícil de revertir.