El constitucionalista Víctor García Toma advirtió que la implementación de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público podría enfrentar serias dificultades si no se garantiza un presupuesto adecuado, lo que pondría en riesgo su ejecución y dejaría sus propuestas en el plano declarativo.

El también exministro de Justicia señaló que la viabilidad de esta reforma depende en gran medida de la capacidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Congreso para asignar los recursos necesarios. En ese contexto, recordó que el propio fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ya había alertado sobre esta problemática, al indicar que sin financiamiento suficiente no será posible fortalecer la institución ni cumplir con los objetivos planteados.

García Toma subrayó que el principal desafío radica en la limitada disponibilidad de recursos del Estado frente a múltiples demandas prioritarias. “Sectores como Educación, Salud y Seguridad también requieren mayores fondos, por lo que privilegiar únicamente al Ministerio Público podría resultar injusto si no se evalúa integralmente la situación fiscal”, explicó.

En esa línea, el jurista sostuvo que existe una brecha significativa entre las necesidades institucionales y la capacidad real de financiamiento, lo que obliga a una toma de decisiones cuidadosa. Consideró fundamental que tanto el MEF como la Comisión de Presupuesto del Congreso determinen con precisión los recursos disponibles y establezcan criterios claros de priorización.

Asimismo, recomendó revisar detalladamente las propuestas incluidas en la nueva normativa del Ministerio Público, a fin de garantizar que sean viables y sostenibles en el tiempo. “No se trata solo de plantear reformas, sino de asegurar que existan las condiciones para ejecutarlas”, remarcó.

Otro aspecto que generó preocupación en el análisis de García Toma es el rol de la ciudadanía en la lucha contra el crimen. La iniciativa contempla una mayor participación de los ciudadanos en la entrega de información a la Fiscalía sobre delitos como el sicariato y la extorsión. Sin embargo, el jurista advirtió que esta colaboración debe ir acompañada de garantías sólidas de confidencialidad.

“Los ciudadanos pueden aportar información valiosa, pero el Ministerio Público debe asegurar que estos datos no sean expuestos, evitando represalias”, enfatizó.

Finalmente, García Toma insistió en que el éxito de cualquier reforma institucional dependerá no solo de la voluntad política, sino también de una adecuada planificación presupuestal que permita fortalecer el sistema de justicia sin descuidar otras áreas esenciales del país.