MPA DEBE IMPONER SANCIONES

La instalación de un cartel político de gran formato frente a la plaza España vuelve a colocar a Renovación Popular bajo cuestionamiento en Arequipa. La comuna provincial había reiterado a inicios de marzo que la propaganda electoral en el Centro Histórico está restringida y que las organizaciones infractoras se exponen a multas y retiro forzoso del material.

El partido político Renovación Popular quedó nuevamente en el centro de la polémica en Arequipa tras la denuncia sobre la instalación de un cartel político de gran tamaño frente a la plaza España, pese a la prohibición municipal que restringe la propaganda electoral en el Centro Histórico. El caso no se perfila como un simple exceso de campaña, sino como una presunta muestra de desacato a reglas expresamente comunicadas por la autoridad local.

La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) había recordado de forma pública y reciente que las organizaciones políticas no pueden instalar banners, carteles ni otros elementos similares en espacios públicos, fachadas de viviendas o casonas monumentales del Centro Histórico. La medida fue sustentada en la protección de la zona patrimonial y en las ordenanzas N.° 1363-2025 y N.° 1124-2018.

El gerente del Centro Histórico, Gabriel Damiani fue incluso más preciso al señalar que en los locales partidarios autorizados solo está permitido exhibir el logotipo y la denominación de la organización política, no imágenes de candidatos en las fachadas. Esa precisión deja poco margen para interpretaciones interesadas: la normativa diferencia con claridad entre identificación partidaria y propaganda personalizada.

Además, la comuna provincial advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones de hasta una UIT, equivalente a S/ 5 500, y en algunos supuestos las multas pueden escalar a 2 UIT, además del retiro forzoso del material publicitario y el cobro de los costos al infractor. No se trata, por tanto, de una recomendación estética, sino de un régimen sancionador plenamente vigente.

En ese contexto, la instalación del cartel atribuido a Renovación Popular resulta políticamente grave. Según la denuncia alcanzada a este medio, la agrupación colocó el anuncio “pese a la prohibición” y en un “claro desacato” a la autoridad municipal, afectando el ornato y la protección del patrimonio arequipeño. La acusación apunta de manera directa a una organización que, en lugar de ajustarse a la norma, habría optado por imponer su visibilidad en una zona especialmente sensible.

La defensa habitual de campaña, basada en que todos los partidos buscan presencia, pierde fuerza frente al caso arequipeño. Precisamente porque la competencia electoral es intensa, la municipalidad fijó reglas iguales para todos. Si una agrupación decide rebasarlas, el mensaje que transmite no es liderazgo ni firmeza, sino una preocupante disposición a ignorar límites cuando estos estorban sus intereses electorales.

El problema se agrava porque el Centro Histórico de Arequipa no es un espacio cualquiera. La comuna ha insistido en que estas restricciones buscan preservar un entorno declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, evitar contaminación visual y proteger la integridad arquitectónica de una zona cuya imagen repercute también en la actividad turística y comercial del cercado.

Incluso en el caso de las concentraciones políticas, la municipalidad no ha dejado el uso del espacio a discreción de los partidos. Plaza España y la Av. Tacna y Arica fueron habilitadas solo para actividades proselitistas condicionadas a trámites previos, solicitud formal, croquis de desplazamiento y evaluación de seguridad. Es decir, ni siquiera los espacios permitidos operan bajo lógica de ocupación libre.

Por eso, el episodio no debería reducirse a una falta administrativa menor. Cuando una organización política pretende gobernar, pero no demuestra capacidad de respetar reglas básicas sobre patrimonio, espacio público y ornato urbano, lo que exhibe es una contradicción de fondo entre su discurso de orden y su práctica concreta. La primera prueba de vocación democrática no está en el eslogan, sino en la obediencia a la norma.

En Arequipa, el respeto al Centro Histórico no puede quedar sujeto a la conveniencia de campaña de ninguna agrupación. Si Renovación Popular instaló propaganda pese a la prohibición, deberá responder ante la autoridad y asumir las consecuencias. En una ciudad patrimonial, violar las reglas para ganar exposición política no es una astucia electoral: es una señal de que el interés partidario se ha puesto por encima del patrimonio común.