Débil fiscalización del transporte es por falta de apoyo de municipios distritales

La reciente agresión contra un conductor del Sistema Integrado de Transportes (SIT), atribuida a presuntos choferes informales, ha puesto en evidencia las deficiencias en la fiscalización del transporte público en Arequipa. El hecho revela una limitada articulación entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y varias comunas distritales, pese a la existencia de convenios de cooperación.

De acuerdo con voceros de la comuna provincial, distritos como Cayma, Tiabaya, La Joya, Sachaca, Uchumayo, Cerro Colorado y Santa Rita de Siguas cuentan con inspectores acreditados para intervenir en operativos. Sin embargo, en la práctica no estarían ejecutando acciones concretas, lo que debilita el control del transporte informal en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente, la MPA dispone de entre 120 y 130 fiscalizadores, una cifra considerada insuficiente para cubrir la totalidad del territorio urbano. Ante ello, se ha anunciado la incorporación de 80 nuevos inspectores, con el objetivo de reforzar los operativos y ampliar la capacidad de intervención en zonas críticas.

La situación se agrava en áreas periféricas, donde el transporte informal tiene mayor presencia y genera constantes conflictos con operadores formales. En estos espacios, la falta de apoyo de los municipios distritales limita el alcance de las acciones de control y permite la persistencia de prácticas irregulares.

Desde la comuna provincial también se precisó que, en casos de agresión, la intervención corresponde directamente a la Policía Nacional del Perú, al tratarse de hechos delictivos. Esto reduce el margen de acción de los fiscalizadores, quienes solo pueden actuar en el ámbito administrativo.

Frente a este panorama, se han iniciado coordinaciones para ejecutar operativos conjuntos con los distritos, buscando frenar la informalidad y mejorar el orden en el sistema de transporte. No obstante, el éxito de estas medidas dependerá de una mayor participación y compromiso de las autoridades locales, en un contexto donde la seguridad y la regulación del transporte siguen siendo una demanda urgente de la población.

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