La reciente decisión del Vaticano de abrir un breve periodo para recibir denuncias e indemnizar a víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana ha generado el rechazo de sobrevivientes en Perú, quienes consideran que la medida no responde a una reparación real y podría significar una nueva forma de vulneración.

La Red de Sobrevivientes Perú, encabezada por José Enrique Escardó, cuestionó el protocolo anunciado por la Santa Sede, que establece como plazo del 4 al 22 de mayo para que las víctimas presenten testimonios en la Nunciatura Apostólica en Lima. El proceso fue comunicado por el sacerdote Jordi Bertomeu, encargado de la liquidación de la organización.

Según el colectivo, esta disposición obliga a las víctimas a relatar nuevamente hechos que ya han sido denunciados durante años, pero ahora bajo condiciones que califican como “restrictivas” y en un entorno que consideran poco adecuado. “No somos cifras; llevamos años esperando una reparación auténtica”, señalaron en un pronunciamiento público.

CRÍTICAS A UN PROCESO

La medida difundida también por la Conferencia Episcopal Peruana busca que quienes no hayan recibido una compensación “adecuada” por abusos físicos, sexuales, espirituales o económicos puedan acceder a indemnizaciones a través de bienes incautados al Sodalicio.

Sin embargo, para la Red de Sobrevivientes, el mecanismo reduce la justicia a un procedimiento administrativo. Consideran que fijar un plazo corto y condicionar el acceso a reparaciones económicas a la presentación de testimonios constituye una forma de presión que no toma en cuenta el impacto emocional y psicológico de los hechos vividos.

“El dolor no puede ser cuantificado ni reducido a un trámite”, sostienen, al advertir que una reparación integral debe incluir dimensiones no solo económicas, sino también morales, institucionales y humanas.

El colectivo también expresó su preocupación por lo que consideran un intento de dar por cerrado el caso ante la opinión pública. Según señalan, el proceso podría generar la percepción de que las denuncias han sido resueltas, cuando en realidad muchas víctimas siguen esperando justicia.

En esa línea, cuestionan que la reparación esté condicionada a “cómo, cuándo y bajo qué términos” se presentan los testimonios. Para los sobrevivientes, esto podría interpretarse como una forma de silenciamiento.

“El riesgo es que se pase la página sin asumir plenamente la responsabilidad”, indicaron, al remarcar que la verdad y la justicia no deberían estar sujetas a plazos.

UN CASO CON AÑOS DE DENUNCIA

El caso del Sodalicio se remonta a décadas atrás y cobró notoriedad en 2015, tras la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. A partir de estas investigaciones, se destaparon múltiples denuncias de abusos cometidos dentro de la organización fundada por Luis Fernando Figari.

Como consecuencia, el papa Francisco dispuso la expulsión de Figari y de más de una decena de miembros, además de ordenar en 2025 la disolución del Sodalicio. Estas medidas han sido continuadas por el actual pontífice, León XIV.

Hasta abril de 2025, se habían registrado 98 indemnizaciones por un total de 6.5 millones de dólares, incluyendo casos de abusos sexuales —tanto a menores como a adultos— y otras formas de maltrato.

RECLAMO POR REPARACIÓN INTEGRAL

Pese a estos avances, las víctimas insisten en que el proceso aún está lejos de ser satisfactorio. Subrayan que no se trata solo de compensaciones económicas, sino de un reconocimiento pleno del daño causado y de garantías de no repetición.

Además, el nuevo protocolo incluye denuncias por presuntos abusos económicos, como el caso de comunidades campesinas en Catacaos (Piura), que acusan el despojo de tierras vinculadas a miembros de la organización.