Tras un año de la difusión de los hechos, hoy –miércoles 8 de abril– la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJAR) evaluará si el Lord Byron School debe ser incorporado como tercero civilmente responsable en un proceso por violación sexual contra una estudiante menor de edad. Los abogados de la familia de la víctima exigen que se sienten precedentes legales.

El caso se centra en la presunta omisión del colegio privado frente a las conductas de Raúl Jhon Lozano Bedoya, docente que habría iniciado un proceso de manipulación y acercamiento con la menor dentro de las instalaciones del plantel. Estos hechos derivaron en abuso sexual. De acuerdo con los argumentos de los denunciantes, las conductas se habrían desarrollado en espacios como aulas, patios y zonas de ingreso, algunas de ellas con cobertura de videovigilancia, por lo que exigen que la institución asuma su responsabilidad.

«Ante los hechos debieron activarse las luces de emergencia y los protocolos de violencia sexual, pero no lo hicieron. Por eso hay una responsabilidad penal de los directivos del colegio Lord Byron School. (…) Si no encontramos justicia en la CSJAR, vamos a recurrir al Sistema Internacional de Derechos Humanos», declaró Alejandro Rospigliosi Vega, abogado de la familia de la denunciante.

El análisis de la Sala se centrará en determinar si existió incumplimiento del deber de cuidado que la normativa impone a las instituciones educativas, así como de la obligación de prevenir y reportar de forma inmediata cualquier hecho de violencia sexual contra estudiantes. La decisión podría establecer un precedente sobre el alcance de la responsabilidad civil de colegios públicos y privados frente a este tipo de casos.

Adicionalmente, los abogados denunciaron un presunto encubrimiento fiscal en favor de Lidia Medina Lazo, promotora del Lord Byron School, quien no habría reportado el caso en el SíseVe ni lo habría denunciado oportunamente. Según indicaron, esta situación permitió que el investigado no fuera detenido y permanezca prófugo desde abril de 2025, tras hacerse públicos los hechos. Cabe señalar que el Ministerio del Interior incluyó al acusado en la lista de los más buscados y ofrece hasta S/40 mil por información sobre su paradero.