Por Jorge Turpo R.

Sigue recibiendo aguas servidas sin tratamiento, generando un grave riesgo sanitario en Castilla. La planta construida para descontaminarlo nunca funcionó y terminó convertida en un desperdicio millonario.

DESPILFARRO Y RIESGO SANITARIO

Han pasado tres años desde que el Gobierno Regional de Arequipa prometió resolver la contaminación del río Majes. Hoy, lejos de cualquier mejora, la situación sigue siendo la misma. Miles de litros de aguas servidas desembocan diariamente en este afluente, sin tratamiento alguno, mientras una planta que costó 14 millones de soles permanece inutilizable.

El problema ya no solo es ambiental, es una emergencia sanitaria que se agrava con el tiempo y que revela, además, un evidente despilfarro de recursos públicos.

En los distritos de Aplao, Corire, Huancarqui y otros de la provincia de Castilla, los desagües domésticos terminan directamente en el río Majes.

Este mismo río no solo es fuente de uno de los camarones más apreciados del país, sino que también alimenta extensas áreas agrícolas, principalmente de arroz.

La presencia de coliformes fecales en sus aguas y en los sistemas de regadío representa un riesgo directo para la salud de la población.

La historia recuerda inevitablemente lo ocurrido décadas atrás con el río Chili, cuando Arequipa vertía sus desechos sin control, contaminando cultivos y poniendo en peligro la salud pública.

Para evitar ese escenario, en 2017 se proyectó la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Cosos – Bilbao – Casquina, conocida como la PTAR Aplao.

La obra fue impulsada durante la gestión de la entonces gobernadora, Yamila Osorio, con la promesa de descontaminar el río Majes y mejorar la calidad de vida en la zona. Sin embargo, el resultado ha sido exactamente el contrario.

Según el informe de control N.° 006-2022 de la Contraloría General de la República, la planta nunca funcionó.

Se detectaron graves deficiencias constructivas, pagos por trabajos no ejecutados y un perjuicio económico de 14 millones de soles.

El documento es contundente: la PTAR no opera, no cumple su finalidad y se encuentra en estado de abandono. Es, en términos simples, una obra inútil.

Las fallas no son menores. La planta fue construida por debajo del nivel del río Majes, lo que provoca su constante inundación.

Además, presenta hundimientos debido a que se levantó en un terreno inadecuado, sin las condiciones técnicas necesarias ni las obras de protección correspondientes.

La propia Contraloría advierte que la infraestructura debió ubicarse fuera de la influencia del río o contar con defensas frente a filtraciones y crecidas. Nada de eso se hizo.

El resultado es una infraestructura que jamás entró en funcionamiento. Catorce millones de soles invertidos en una obra que no trata una sola gota de agua residual. Dinero público que, literalmente, se fue al agua.

PROMESA

En marzo de 2023, el actual gobernador regional, Rohel Sánchez, llegó hasta la zona y anunció que se daría solución a este problema.

Han pasado tres años desde entonces y su gestión ya transita el cuarto año sin que exista una respuesta concreta. La planta sigue abandonada y el río continúa recibiendo la descarga de desagües.

Desde la provincia de Castilla, las autoridades locales ya hablan de una medida extrema: demoler la planta.

El alcalde provincial, Renzo Pastor Alatrista, sostiene que la infraestructura es obsoleta e inservible debido a las fallas detectadas.

En paralelo, se evalúa un plan de contingencia junto a Sedapar y el Gobierno Regional que consiste en la implementación de humedales artificiales. Este sistema permitiría mitigar hasta en un 70 % la carga contaminante que hoy llega al río Majes.

Esta alternativa aún está en fase de propuesta y depende del financiamiento regional.

Mientras tanto, la contaminación no se detiene. Cada día que pasa, el río Majes sigue recibiendo aguas negras sin tratamiento, afectando la calidad del agua, la producción agrícola y la salud de miles de personas.

A ello se suma un elemento que agrava la indignación ciudadana. La empresa Sedapar cobra a los usuarios de Castilla por el servicio de agua potable y alcantarillado, pero no brinda el tratamiento de las aguas residuales. Es decir, los ciudadanos pagan por un servicio incompleto, mientras sus desechos terminan directamente en el río.

El caso de la PTAR Aplao no es solo un ejemplo de mala planificación o de errores técnicos.

Es también un caso que, según la Contraloría, presenta indicios de presunta corrupción. Las irregularidades detectadas, como pagos por trabajos no ejecutados y ampliaciones de plazo injustificadas, deberían derivar en responsabilidades administrativas y penales para quienes estuvieron a cargo de la obra.

Mientras tanto, el Valle de Castilla, conocido por sus camarones y su producción de pisco, enfrenta el riesgo de ser recordado por una obra fallida.

Una infraestructura que podría figurar en cualquier lista de grandes fracasos de la ingeniería, pero que en realidad refleja algo más profundo: la incapacidad del Estado para ejecutar proyectos básicos y la impunidad frente al mal uso de los recursos públicos.

Tres años después de la promesa de solución, el río Majes sigue enfermo y el Estado, ausente.