Por Jorge Turpo Rivas

Los cambios al régimen de concesiones mineras podrían desincentivar la inversión y reducir el canon. La menor recaudación afectaría directamente el financiamiento de obras públicas en regiones.

DICTÁMENES A FAVOR DE LA MINERÍA INFORMAL

Las reglas del juego están cambiando en el Congreso y, con ellas, el futuro de miles de millones de soles que sostienen obras públicas en las regiones. Un reciente estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) advierte que las modificaciones al régimen de concesiones mineras, impulsadas bajo el argumento de combatir la especulación, podrían terminar afectando directamente el canon minero y, en consecuencia, el financiamiento de infraestructura básica en el país.

El punto más sensible es la propuesta de reducir de 30 a 15 años el plazo de caducidad de las concesiones inactivas. A ello se suman mayores penalidades y costos para mantenerlas.

Aunque estas medidas buscan dinamizar el uso de los territorios concesionados, el IEP advierte que podrían generar el efecto contrario: desincentivar la inversión de largo plazo en exploración minera, una etapa clave para asegurar futuros proyectos en producción.

El impacto no es menor. El canon minero, que representa el 50 % del impuesto a la renta que pagan las empresas del sector, depende directamente de la existencia de operaciones productivas.

Sin exploración no hay nuevos proyectos; sin proyectos no hay producción; y sin producción no hay canon. La ecuación es simple, pero sus consecuencias son profundas.

Según cifras oficiales, en 2025 las transferencias por canon, regalías y otros conceptos superaron los 10 045 millones de soles.

Solo el canon aportó más de 6 992 millones, mientras que las regalías sumaron 2 687 millones.

En enero de 2026 ya se habían transferido más de 3 024 millones de soles a los gobiernos subnacionales. Regiones como Arequipa recibieron 376 millones en ese periodo, recursos fundamentales para sostener la ejecución de obras.

El estudio del IEP subraya que estos fondos no son accesorios porque financian carreteras, colegios, hospitales y sistemas de agua potable.

En varias regiones, el canon representa hasta tres cuartas partes de su presupuesto público.

Áncash, por ejemplo, recibió cerca de 1 790 millones de soles en 2025; Arequipa, 1 285 millones; Moquegua, 1 025 millones; y Tacna, 978 millones. La dependencia es estructural.

Sin embargo, el problema no radica únicamente en la eventual reducción de ingresos, sino en el origen de esa caída.

El IEP advierte que endurecer las condiciones de las concesiones genera incertidumbre jurídica, lo que suele traducirse en menor inversión. Las empresas, enfrentadas a reglas más estrictas y plazos más cortos, podrían postergar o cancelar proyectos de exploración, afectando la cartera futura de operaciones mineras.

El contexto agrava la preocupación. Según el mismo estudio, desarrollar un proyecto minero en el Perú puede tomar hasta 45 años desde el descubrimiento hasta la producción.

Si entre 1970 y 1990 ese proceso demoraba en promedio 19.8 años, entre 2015 y 2025 el plazo se elevó a 39.2 años. Las razones son diversas: mayores exigencias ambientales, demoras en permisos y altos costos operativos.

En ese escenario, recortar los plazos legales para mantener una concesión activa podría resultar contraproducente.

El Congreso, a través de su Comisión de Energía y Minas, impulsa estos cambios con la intención de ordenar el uso del territorio y combatir prácticas especulativas. Sin embargo, el IEP advierte que una política mal calibrada puede terminar favoreciendo, indirectamente, a la minería informal. Al encarecer y restringir la actividad formal, se amplía el espacio para operaciones fuera del marco legal, que no pagan impuestos ni generan canon.

La paradoja es evidente, en el intento por corregir distorsiones, se corre el riesgo de debilitar la principal fuente de financiamiento de las regiones.

Porque el canon no es solo un mecanismo de redistribución fiscal, sino un pilar del desarrollo territorial. Su adecuada gestión permite cerrar brechas en infraestructura, mejorar servicios básicos y fortalecer la relación entre la actividad extractiva y las comunidades.

El estudio del IEP es claro en advertir que cualquier modificación al régimen de concesiones debe considerar los tiempos reales de la industria y la necesidad de mantener incentivos para la inversión.

De lo contrario, el impacto no será inmediato, pero sí inevitable. En unos años, cuando los proyectos hoy en cartera no se concreten, las regiones empezarán a sentir la caída en sus ingresos.

La ausencia de canon no será una cifra en un reporte técnico, sino una carretera inconclusa, un hospital sin equipar o un colegio que nunca se construyó. Porque en el Perú, el canon minero no es solo un ingreso fiscal. Es, para muchas regiones, la diferencia entre avanzar o quedarse detenidas.