Allanamientos son en Lima, Callao y Huánco, simultaneamente.

El Ministerio Público del Perú ejecutó un megaoperativo de allanamiento en 25 inmuebles ubicados en Lima Metropolitana, Callao y Huánuco, como parte de una investigación por presuntas contrataciones irregulares durante el gobierno del expresidente José Jerí. La intervención incluyó el registro domiciliario y la incautación de documentos y bienes relevantes para el caso.

Las diligencias están a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, bajo la conducción de la fiscal provincial Roxana Espinoza Paucar. Según las primeras indagaciones, el caso gira en torno a una presunta red de favorecimientos ilícitos que habría beneficiado a diversas personas con órdenes de servicio en entidades públicas.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, las personas investigadas habrían obtenido contratos en instituciones del Estado poco tiempo después de haber sostenido reuniones en el Despacho Presidencial, especialmente durante noviembre de 2025. Entre las entidades involucradas figuran el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, EsSalud y el propio despacho presidencial.

En total, las investigaciones preliminares comprenden a 22 personas, entre ellas las presuntas beneficiarias de las contrataciones y exfuncionarios que laboraron en Palacio de Gobierno. El objetivo principal del operativo es recolectar evidencia documental que permita esclarecer si existió algún tipo de direccionamiento o tráfico de influencias en la asignación de estos servicios.

El despliegue de las autoridades se inició alrededor de las 4:40 de la madrugada, con la intervención simultánea de diversos inmuebles. En Lima, se realizaron diligencias en viviendas ubicadas en distritos como Lince, La Victoria y San Isidro. Entre los domicilios allanados figuran los de Cristina Beraún Rojas, Fiorella Melgarejo Sánchez y Violeta Emperatriz Boss Otero, así como el departamento de Ledy Guadalupe Vela Ramírez.

Durante el operativo, las autoridades procedieron al descerraje en algunos inmuebles para cumplir con las órdenes judiciales de ingreso, mientras que en otros casos se contó con la colaboración de los ocupantes. La fiscal Roxana Espinoza evitó brindar mayores detalles sobre el avance de las investigaciones, señalando que el caso se mantiene bajo estricta reserva.

Por su parte, Fiorella Melgarejo Sánchez, una de las personas intervenidas, cuestionó la medida adoptada por la Fiscalía, calificándola como excesiva. Indicó que ha colaborado con las autoridades desde el inicio de la investigación y afirmó que brindó servicios profesionales de manera regular.

El Ministerio Público continuará con las diligencias en los próximos días, mientras analiza la documentación incautada. Estas acciones buscan determinar responsabilidades y establecer si se configuraron delitos de corrupción en el proceso de contratación de personal durante la anterior gestión gubernamental.