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OCURRIÓ EN CERRO COLORADO Y YANAHUARA
Miembros de mesa abandonaron
escrutinio y Fiscalía evalúa investigación

Seis miembros de mesa de dos locales de votación en Cerro Colorado y Yanahuara dejaron inconcluso el conteo de votos durante la madrugada del 13 de abril. El caso, reportado por la ODPE Cerro Colorado, podría ser materia de investigación del Ministerio Público por una eventual afectación al escrutinio, mientras el Jurado Electoral Especial define si las actas serán anuladas o sometidas a recuento.
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Seis miembros de mesa de dos mesas de sufragio en Arequipa quedaron en el centro de un caso que ya trasciende el plano administrativo electoral. El abandono del escrutinio antes de concluir el conteo, confirmado por Armando Echeverría, jefe de la ODPE Cerro Colorado, abre la posibilidad de una intervención del Ministerio Público al haberse afectado la fase decisiva del proceso: el cierre y validación del voto ciudadano.
El primer hecho ocurrió en la institución educativa 40555 Romeo Luna Victoria, en Cerro Colorado, en la mesa 005923. El segundo se registró en el colegio San Juan Bautista de La Salle, en Yanahuara, en la mesa 007587. Según la ODPE, en una mesa solo se avanzó hasta el conteo de la presidencial y del Senado nacional; en la otra se llegó hasta diputados y quedó pendiente el Parlamento Andino.
La reconstrucción hecha por la oficina electoral muestra una salida progresiva y sin retorno. Echeverría relató que los miembros de mesa fueron abandonando el aula uno tras otro con el pretexto de salir unos minutos; cuando se les llamó por teléfono, primero dijeron que regresarían y luego dejaron de responder. Los dos episodios se produjeron entre las 5:20 y las 6:20 de la mañana, cuando el escrutinio seguía en curso.
La gravedad del caso se sostiene en la propia legislación electoral. La ONPE recuerda que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo causales de excusa previstas por ley, y la Ley Orgánica de Elecciones exige que el escrutinio concluya con actas completas y firmadas. Cuando esa cadena se rompe, ya no solo hay una incidencia de mesa: se compromete la validez del resultado y la trazabilidad del voto.
En ese contexto, la conducta podría encajar en una investigación por delitos contra la voluntad popular. El Ministerio Público señala que persigue actos cometidos antes, durante y después de los comicios, y el Código Penal sanciona con dos a ocho años de prisión conductas como ocultar o hacer desaparecer actas de escrutinio, o tornar imposible la realización del escrutinio, siempre que exista propósito de impedir o alterar el resultado del proceso.
Tras el abandono, la ODPE activó el procedimiento extraordinario previsto para estos casos: levantó actas de incidencia con participación del Jurado Electoral Especial, incorporó el material electoral a la cadena de recepción y remitirá la documentación para que sea evaluada. Esas actas ingresarán con causales de observación —como acta incompleta, sin datos o sin firma— y será el jurado el que decida si corresponde nulidad o recuento.
RESALTAR
El caso deja una señal de alerta en el tramo más frágil de la jornada electoral: el escrutinio final. Si la Fiscalía decide intervenir, ya no se discutirá solo una falta funcional de miembros de mesa agotados, sino la posible comisión de un hecho con relevancia penal por haber dejado sin cierre válido dos mesas de sufragio. En una elección de cinco votaciones simultáneas, abandonar el conteo no es una anécdota: puede convertirse en un acto que afecta directamente la integridad del proceso electoral.
