Cuestionan demora y falta de información en robo cibernético al GRA
Cuestionan demora y falta de información en robo cibernético al GRA
A casi nueve meses del robo de S/ 738 mil mediante fraude informático, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) aún no ha logrado recuperar el dinero sustraído. Aunque se inició un proceso extrajudicial para su devolución, el Banco de la Nación estaría dilatando el procedimiento. Asimismo, desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA) cuestionaron el hermetismo institucional en torno al caso.
El 21 de julio de 2025, ciberdelincuentes llamaron a trabajadores de la Oficina Regional de Planeamiento y Presupuesto del GRA y, mediante ingeniería social, obtuvieron claves bancarias. Posteriormente, transfirieron fondos del erario regional a cuentas privadas. La denuncia se presentó cinco días después, lo que complicó la investigación fiscal. Desde el GRA responsabilizaron a la entidad bancaria, por lo que en febrero iniciaron un proceso extrajudicial para la devolución del dinero.
Al respecto, Fernando Cornejo Pacheco, consejero regional y presidente de la comisión investigadora del CRA, aseguró que enfrentan dificultades para acceder a la información. “Estamos investigando para determinar si hubo alguna responsabilidad por parte de funcionarios del GRA al no cautelar adecuadamente los recursos. Sin embargo, hace más de dos meses hemos pedido la información, pero no obtenemos respuesta”, refirió.
La falta de documentación limita el avance de la comisión, cuyo plazo de 60 días vence a mediados de abril. Ante ello, Cornejo Pacheco solicitó una ampliación por 60 días adicionales al pleno del CRA y no descartó posibles responsabilidades administrativas. “Estamos a la espera de que nos entreguen la información completa para emitir un informe final”, señaló.
Mientras el dinero no ha sido recuperado y la investigación sigue inconclusa, persisten versiones contradictorias dentro del propio Gobierno Regional sobre el manejo de los fondos y las circunstancias en las que se produjo la sustracción, lo que mantiene un escenario de incertidumbre en el ámbito administrativo y penal.
