Economista principal del Consejo Privado de Competitividad

En economía, uno de los principios más básicos de la política fiscal es su carácter contracíclico: ahorrar en épocas de bonanza para poder gastar en momentos de recesión. Este enfoque no es un tecnicismo, sino una herramienta clave para preservar la capacidad de respuesta del Estado frente a crisis económicas, choques externos o desastres imprevistos. Perú atraviesa hoy uno de esos periodos de bonanza: precios internacionales del oro y el cobre en niveles históricamente altos, términos de intercambio favorables y una demanda externa que, pese a la volatilidad global, sigue sosteniendo nuestros ingresos. Sin embargo, lejos de aprovechar este contexto para fortalecer nuestras defensas fiscales, estamos haciendo lo contrario. Como ha advertido recientemente Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), no se están generando espacios suficientes para enfrentar futuros choques, mientras el gasto corriente crece de manera desmedida.

Las señales de alerta ya están sobre la mesa. El propio viceministro de Economía, Eloy Durand, ha señalado que, si bien el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta cumplir con la meta de déficit fiscal este año, esa proyección se sostiene en un contexto extraordinariamente favorable. Sin embargo, mirando hacia adelante, especialmente hacia 2027, el viceministro de Economía ha reconocido que el panorama es incierto. Si hoy, con precios históricamente altos de los commodities, ya proyectamos déficit fiscal para este año, resulta evidente que en un escenario menos favorable la situación podría deteriorarse significativamente durante el siguiente periodo. La historia reciente refuerza este argumento: en anteriores episodios de altos precios de exportación, el país logró incluso superávits fiscales. Hoy, en condiciones similares, estamos en déficit. Algo estructuralmente ha cambiado y no para bien.

Una de las principales explicaciones es el crecimiento acelerado del gasto corriente. Entre 2019 y 2026, el presupuesto asignado a este tipo de gasto ha pasado de S/ 115 mil millones a S/ 169 mil millones, lo que representa un incremento cercano al 47% en apenas siete años. Este aumento no solo es significativo en términos absolutos, sino que además refleja una tendencia preocupante: el Estado está priorizando gastos permanentes, como planillas y beneficios, por encima de inversiones que generan crecimiento y bienestar a largo plazo.

Este desbalance no es solo una cuestión contable; tiene implicancias profundas para el desarrollo del país. Como ha señalado el exministro Luis Carranza, resulta urgente retomar reglas fiscales más estrictas, similares a las vigentes hacia 2007. Estas reglas no solo imponían mayor disciplina, sino que además facilitaban la transparencia en la evolución del gasto corriente. Bajo ese esquema, el crecimiento del gasto estaba más acotado y permitía liberar recursos para políticas públicas con mayor impacto en la reactivación económica, como la inversión en infraestructura.

Y es precisamente ahí donde el contraste se vuelve más evidente. Según estimaciones recientes, el Perú enfrenta una brecha de infraestructura cercana al 50% del PBI. Esto significa que millones de peruanos siguen sin acceso adecuado a servicios básicos, transporte eficiente, conectividad digital o infraestructura educativa y de salud de calidad. En ese contexto, resulta difícil justificar la expansión continua del gasto en planillas o beneficios laborales dentro del Estado. No se trata de desconocer derechos, sino de priorizar correctamente en un escenario de recursos limitados.

El problema, en el fondo, es de enfoque. Hemos pasado de una política fiscal contracíclica a una política procíclica que amplifica los riesgos. Al comprometer mayores gastos permanentes en un contexto favorable, reducimos el margen de maniobra cuando las condiciones externas se deterioren. Y ese deterioro, tarde o temprano, llegará.

La discusión fiscal no puede reducirse a si se cumple o no una meta anual de déficit. Debe centrarse en la sostenibilidad de mediano plazo y en la calidad del gasto público. No basta con gastar más; es indispensable gastar mejor. Ello implica reorientar recursos hacia inversión pública eficiente, fortalecer la capacidad de ejecución del Estado y, sobre todo, evitar decisiones que hipotequen el futuro fiscal del país.

El Perú aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero hacerlo requiere reconocer que el problema no es coyuntural, sino estructural. La bonanza actual no durará para siempre. Y cuando el viento deje de soplar a favor, la solidez de nuestras decisiones fiscales será puesta a prueba. La pregunta es si estaremos preparados o si, una vez más, habremos desperdiciado una oportunidad.