Por: Carlos Meneses

El agro arequipeño no puede seguir dependiendo de la improvisación. La falta de infraestructura hidráulica moderna y eficiente no es un problema nuevo, pero sí uno que se ha agravado por la indiferencia de las autoridades. Si no se actúa ahora, la escasez que hoy se teme será una realidad inevitable mañana. La seguridad alimentaria de la región está en juego, y con ella, el sustento de miles de familias.

La situación hídrica en Arequipa no es aún crítica, pero sí profundamente preocupante. La reducción en los niveles de almacenamiento de los sistemas hidráulicos Chili y Colca en 2026, en comparación con el año anterior, debería encender todas las alarmas. Sin embargo, lo que realmente indigna no es solo la menor disponibilidad de agua, sino la evidente falta de previsión y el abandono sistemático de las autoridades hacia el sector agrícola.

Los datos son claros: las represas no han alcanzado su máxima capacidad y las reservas actuales son menores que en 2025. Aunque todavía no se ha cruzado el umbral de riesgo crítico, el panorama para los próximos años es incierto. En una región donde la agricultura depende directamente del agua regulada, esta disminución no puede tomarse a la ligera. Aun así, las respuestas de las autoridades han sido insuficientes, cuando no inexistentes.

El problema no radica únicamente en factores climáticos como el Fenómeno de El Niño Costero o la irregularidad de las lluvias. Es cierto que estos influyen, pero no explican por completo la vulnerabilidad del sistema. La raíz del problema está en la deficiente infraestructura hidráulica y en la mala gestión de los recursos disponibles. Canales de riego dañados por lluvias que no han sido reparados a tiempo, filtraciones constantes y una alarmante falta de mantenimiento son síntomas de una gestión negligente.

La responsabilidad recae, en gran medida, en entidades como Autoridad Autónoma de Majes, que no ha cumplido adecuadamente su rol como operador de la infraestructura mayor. Los agricultores, que aportan económicamente para el mantenimiento del sistema, no ven resultados concretos. Las denuncias sobre el uso ineficiente de los recursos, priorizando gastos administrativos en lugar de obras, reflejan una desconexión total con las verdaderas necesidades del campo.

A ello se suma la inacción del Gobierno Regional de Arequipa, encabezado por Rohel Sánchez. Las promesas de ejecutar obras hidráulicas en beneficio de las juntas de usuarios han quedado, hasta ahora, en el papel. Mientras tanto, los agricultores continúan lidiando con canales deteriorados y una distribución de agua cada vez más ineficiente.

Como si fuera poco, el robo de agua se ha convertido en otro golpe para el agro. Saqueadores, invasores y actividades ilegales extraen el recurso sin control, afectando directamente a quienes sí cumplen con pagar por su uso. Este problema, lejos de ser enfrentado con firmeza, parece tolerado por la falta de fiscalización efectiva.