El pleno del Congreso de la República aprobó ayer jueves una nueva inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, en medio de una nueva confrontación entre el Parlamento y la actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

SE AGRAVA CONFRONTACIÓN

La medida fue aprobada con 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, tras el debate de una acusación por presunta infracción constitucional vinculada a la denuncia presentada por Espinoza contra 11 congresistas.

El caso se originó luego de que la exfiscal impulsara una denuncia constitucional por supuesto interés indebido contra parlamentarios que respaldaron una norma que permitió que algunos legisladores percibieran simultáneamente sueldo y pensión del Estado.

Entre los congresistas mencionados en dicha denuncia figuran José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín.

Durante el debate parlamentario, legisladores como Yorel Kira Alcarraz y José Cueto cuestionaron duramente la actuación de Espinoza y sostuvieron que la entonces fiscal habría excedido sus atribuciones al presentar la denuncia constitucional.

Con esta decisión, Delia Espinoza acumula una segunda sanción de inhabilitación aprobada por el Congreso en menos de un año.

En diciembre pasado, el Parlamento ya había dispuesto otra inhabilitación por diez años en su contra, argumentando que continuó realizando investigaciones preliminares a altos funcionarios pese a una ley aprobada por el Congreso que otorgaba determinadas competencias investigativas a la Policía Nacional del Perú.

La nueva sanción se produce además en un contexto de creciente tensión política entre el Congreso y diversos sectores vinculados al sistema de justicia.

En los últimos días, el Colegio de Abogados de Lima cuestionó otra decisión parlamentaria relacionada indirectamente con Delia Espinoza. Se trata de la aprobación de la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, norma que incluyó una disposición complementaria estableciendo que personas inhabilitadas para ejercer función pública no podrán integrar órganos de gobierno de colegios profesionales.

El CAL rechazó la incorporación de dicha disposición y acusó al Congreso de utilizar la producción legislativa con fines de represalia política.

A través de un pronunciamiento, la institución sostuvo que las modificaciones fueron incorporadas de manera “subrepticia” y denunció una supuesta persecución política contra la actual decana del gremio de abogados.

“El Congreso está utilizando la producción de leyes como una herramienta de venganza política”, señaló el Colegio de Abogados de Lima.

La decisión del Parlamento se adopta además en un escenario de alta desaprobación ciudadana hacia el Congreso y de constantes enfrentamientos entre poderes del Estado.

Hasta el momento, Delia Espinoza no ha anunciado públicamente las acciones legales que podría emprender frente a esta nueva sanción aprobada por el Legislativo. Sin embargo, diversos especialistas han advertido que el caso podría escalar a instancias constitucionales o internacionales debido al impacto político e institucional que genera la inhabilitación de una exfiscal de la Nación y actual autoridad gremial.