El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido del Ministerio Público para ordenar la detención preliminar por siete días contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres investigados por presuntas irregularidades vinculadas al proceso electoral del pasado 12 de abril.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que declaró infundado el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción para revertir la resolución emitida anteriormente por el juez Manuel Chuyo.

El caso está relacionado con la contratación de la empresa Galaga S.A.C. y con la demora en la distribución de material electoral durante las Elecciones Generales 2026, situación que provocó que numerosos ciudadanos no pudieran emitir su voto en distintos puntos del país.

Además de Corvetto, la investigación alcanza a los exfuncionarios de la ONPE José Samamé y Juan Antonio Phang, así como al apoderado legal de la empresa Galaga S.A.C., Juan Alvarado.

Todos ellos son investigados preliminarmente por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

Según la resolución emitida el 7 de mayo, la sala superior confirmó la decisión del juez Chuyo de desestimar el requerimiento fiscal de detención preliminar, al considerar que no existían los presupuestos necesarios para dictar dicha medida.

Asimismo, el tribunal ratificó el rechazo al pedido fiscal para levantar el secreto de las comunicaciones y realizar la geolocalización de los teléfonos celulares de los investigados.

Con esta decisión judicial, Piero Corvetto y los otros implicados continuarán afrontando la investigación en libertad, aunque mantienen vigente una orden de impedimento de salida del país por un periodo de 18 meses.

El caso se desarrolla en medio de los cuestionamientos surgidos tras la jornada electoral del 12 de abril, especialmente por los retrasos en la entrega de material electoral y los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de la votación en algunas circunscripciones.

Las investigaciones buscan determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales en la contratación de servicios vinculados al proceso electoral y en las fallas registradas durante la organización de los comicios.

La ONPE ha señalado previamente que se trató de problemas logísticos excepcionales; sin embargo, la Fiscalía sostiene que existen elementos que justifican continuar con las diligencias preliminares para esclarecer lo ocurrido.