Déficit de presupuesto pone en riesgo

procesos sancionadores contra docentes

Aunque muchos expedientes involucran presuntas transgresiones contra estudiantes, la falta de personal especializado viene retrasando la tramitación de procesos administrativos sancionadores (PAS) en el sector Educación. Las 10 unidades de gestión educativa local (UGEL) de Arequipa y la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) carecen de una asignación presupuestal específica para contratar abogados encargados de estos procedimientos, situación que pone en riesgo el cumplimiento oportuno de investigaciones disciplinarias que, según la normativa vigente, prescriben un año después de su inicio formal.

Los PAS se aplican frente al incumplimiento de deberes, la transgresión de prohibiciones o la comisión de faltas graves tipificadas en la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.° 29944). Estos procedimientos buscan determinar la responsabilidad administrativa de los docentes ante acciones u omisiones que afecten el servicio educativo o la integridad de la comunidad escolar. Sin embargo, en Arequipa ninguna UGEL cuenta con presupuesto asignado para contratar personal específico que garantice el avance de estos procesos.

El gerente regional de Educación, Marco Choque Manrique, reconoció que ni la GREA ni las UGEL disponen de recursos para conformar equipos exclusivos que atiendan estos expedientes, por lo que la responsabilidad recae actualmente en las oficinas de Recursos Humanos. “Venimos haciendo esfuerzos y designando personal alterno para dar continuidad a los PAS. Sin embargo, la falta de recursos representa una limitación para garantizar la correcta aplicación de la normativa. Es un problema que buscamos solucionar”, sostuvo.

Ante esta situación, la GREA promovió una reunión con los directores de las 10 UGEL de Arequipa, donde se suscribió un acta solicitando al Ministerio de Educación la evaluación de esta problemática y la asignación de recursos para fortalecer la atención de expedientes disciplinarios. El documento será remitido en los próximos días. Según detalló Choque Manrique, el requerimiento mínimo contempla la habilitación de 11 plazas: una para cada UGEL y una adicional para la gerencia regional. Lo que, considerando los meses de remuneración anual y derechos de ley demandaría más de S/150 mil en la asignación anual de la entidad.

La demora en la resolución de estos procesos genera además consecuencias administrativas y presupuestales. Una de ellas es la permanencia de docentes separados temporalmente de sus funciones en las denominadas “plazas espejo”. Se trata de maestros sometidos a investigación que ya no pueden dictar clases, pero que, al no contar con una sanción firme, tampoco pueden ser inhabilitados. En consecuencia, son reubicados en labores administrativas y continúan percibiendo remuneración mientras sus expedientes siguen pendientes. Solo en la UGEL La Joya se registran 12 casos de este tipo.

Al respecto, Osías Ortiz Ibáñez, consejero regional e integrante de la comisión de Educación, advirtió que alrededor del 60 % de los docentes involucrados en procesos PAS afronta investigaciones vinculadas a presuntos casos de acoso sexual contra escolares.“Es lamentable. Los docentes son reubicados en áreas como archivo, que no demandan mayor exigencia, y aun así reciben un pago puntual. Esto repercute en el presupuesto de las instituciones educativas, porque siguen generando gasto e impiden contratar nuevo personal docente o administrativo”, señaló.

Choque Manrique admitió que desconoce el número total de “plazas espejo” en todas las UGEL de Arequipa. No obstante, reconoció que varios procesos exceden el plazo máximo de un año establecido por norma, lo que puede derivar en la prescripción de los casos sin que se imponga sanción administrativa.