El Sindicato de Construcción Civil de Arequipa denunció presuntas amenazas e intimidación en la obra de contingencia del IREN Sur y exigió el retiro de trabajadores vinculados a una subcontratista. La ANIN negó haber recibido denuncias formales, descartó ingreso de armas por sus controles y advirtió que la paralización afectaría el cronograma de entrega.

ANIN NIEGA ACUSACIONES

La obra de contingencia del IREN Sur quedó bajo tensión luego de que el Sindicato de Construcción Civil denunciara presuntas amenazas, actos de extorsión e intimidación contra trabajadores y dirigentes en el frente de construcción. El gremio paralizó labores y exigió el retiro de personal vinculado a una subcontratista, mientras la Autoridad Nacional de Infraestructura advirtió que la medida perjudica el cronograma de un proyecto sanitario clave para la macrorregión sur.

Según el secretario general del sindicato de Construcción Civil, Lugue Espinoza, el conflicto se originó por la incorporación de trabajadores procedentes de Lima y otras regiones, contratados por una empresa subcontratista Overlight. El representante de los obreros sostuvo que parte de ese personal habría llegado con actitudes intimidantes utilizando armas de fuego y que incluso se habrían reportado amenazas contra integrantes del comité de obra.

El sindicato afirmó que no se opone a la ejecución del proyecto ni a la presencia de empresas contratistas, sino a lo que considera el ingreso de prácticas violentas al sector construcción en Arequipa. El dirigente advirtió que permitir este tipo de hechos podría abrir espacio a dinámicas de extorsión, presión contra trabajadores y control irregular de obras, problemas que ya han sido denunciados en otras regiones del país.

La protesta también incluye un componente laboral. De acuerdo con el gremio, en la obra trabajan alrededor de 80 personas y más del 60 % provendría de otras regiones, pese a que las labores de construcción podrían ser asumidas por mano de obra local. Para los dirigentes, la situación no solo genera malestar por el empleo, sino también preocupación por el control sobre quién ingresa a una obra pública de alta importancia.

Desde la ANIN, el coordinador de la unidad desconcentrada en Arequipa, Freddy Vallejo, sostuvo que la entidad ejecuta el proyecto en el marco de un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa y bajo una modalidad contractual estandarizada internacionalmente. Precisó que la empresa constructora responsable es Riga Services, encargada de ejecutar la infraestructura temporal de contingencia.

Vallejo indicó que, hasta antes de la paralización, la obra avanzaba con normalidad y que el conflicto surgió durante una reunión interna de trabajadores. Señaló que la ANIN y la empresa solicitaron al sindicato presentar denuncias formales ante las autoridades competentes, pero aseguró que no recibieron documentos que sustenten las acusaciones de amenazas, extorsión o ingreso de personas armadas.

Sobre la denuncia de presunto uso de armas, el representante de la ANIN sostuvo que el ingreso a la obra se realiza bajo protocolos de seguridad, con control desde la puerta de acceso. Según su versión, no se habría identificado el ingreso de armas ni elementos que respalden esa acusación, por lo que pidió canalizar cualquier denuncia mediante los procedimientos regulares ante la Policía o el Ministerio Público.

La ANIN también advirtió que la paralización genera impacto directo en el cronograma de entrega. La infraestructura de contingencia fue adjudicada a EN JYS Servicios Generales S.A.C. y Constructora Rigaservices de Panamá, con supervisión del Consorcio Consultor IREN, y fue diseñada para mantener la atención oncológica mientras se ejecuta la nueva sede del IREN Sur.

El establecimiento temporal contempla 36 camas de hospitalización, 4 camas UCI, 10 camas de emergencia, ambientes de recuperación, salas de procedimientos, consultorios, oficinas administrativas y áreas para quimioterapia de adultos y niños. La ANIN estimó que esta infraestructura deberá completarse en aproximadamente ocho meses y beneficiar a más de 9 millones de personas de Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno y otras regiones del sur.

El conflicto exige una respuesta inmediata y verificable. Si existen amenazas o extorsión, corresponde que la Policía y la Fiscalía actúen con urgencia; si no hay sustento, la obra debe retomar su curso con garantías para todos los trabajadores. El IREN Sur no puede quedar atrapado entre denuncias sin esclarecer, subcontrataciones cuestionadas y retrasos que terminarían afectando a pacientes oncológicos que esperan una infraestructura sanitaria largamente postergada.