La expansión de nuevas universidades públicas, el financiamiento, la defensa de la autonomía y la irrupción de la inteligencia artificial colocan al sistema universitario peruano frente a un desafío histórico: ampliar el acceso a la educación superior sin poner en riesgo la calidad alcanzada tras la reforma universitaria. El crecimiento debe responder a criterios técnicos y a las necesidades del país, no a intereses políticos.

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CONSTITUCIONALISTA JORGE CÁCERES ARCE, PRESIDENTE DE ASUP

En los últimos años, el Congreso ha aprobado la creación de cerca de 40 nuevas universidades públicas. Aunque la descentralización de la educación superior responde a una necesidad real,  abrir nuevas instituciones sin planificación podría comprometer los avances logrados en calidad académica, sostuvo Jorge Cáceres Arce, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

El Perú necesita acercar la universidad a miles de jóvenes que viven lejos de las grandes ciudades, pero hacerlo exige infraestructura adecuada, docentes especializados, laboratorios modernos, bibliotecas, investigación y financiamiento permanente. Ninguna de esas condiciones puede garantizarse únicamente mediante una ley, dijo Cáceres, quien también es rector de la Universidad Católica de Santa María (UCSM).

Añadió el riesgo es repetir errores del pasado, cuando proliferaron universidades sin estándares mínimos que terminaron ofreciendo una formación deficiente, enfatizó.

El caso de Medicina Humana refleja claramente ese desafío. Abrir una facultad médica requiere hospitales docentes, laboratorios especializados, centros de simulación y profesores altamente capacitados. En regiones como Arequipa ya existe escasez de especialistas para atender la demanda hospitalaria, por lo que crear nuevas escuelas sin garantizar esos recursos podría afectar la calidad de la formación. Por ello, considera Cáceres Arce que la expansión debe responder a una política pública de largo plazo y no a decisiones motivadas por intereses políticos.

LA CALIDAD NO SE NEGOCIA

La principal lección del licenciamiento fue que el número de universidades no determina la fortaleza del sistema educativo. Lo verdaderamente importante es la capacidad de formar profesionales competentes, desarrollar investigación útil y responder a las necesidades de cada región, resaltó la autoridad universitaria.

Explicó que la calidad universitaria depende de múltiples factores: docentes calificados, investigación científica, acreditación, innovación, infraestructura y vinculación con la sociedad. Una expansión acelerada sin recursos suficientes podría debilitar esos avances y afectar la competitividad del país.

EL GRAN DESAFÍO: EL FINANCIAMIENTO

Otro de los temas centrales es la distribución de los recursos públicos. En regiones mineras, las universidades públicas reciben fondos del canon minero para investigación científica e innovación tecnológica. En Arequipa, por ejemplo, esos recursos han permitido financiar proyectos de investigación y modernizar laboratorios.

Sin embargo, la creación de nuevas universidades implicaría repartir el mismo presupuesto entre más instituciones. Esta fragmentación podría reducir significativamente la capacidad investigadora de cada universidad y limitar el desarrollo de proyectos de mayor impacto. Por ello, Cáceres Arce plantea revisar los mecanismos de distribución del canon, priorizando criterios de eficiencia, productividad científica y resultados.

INVESTIGACIÓN PARA TODO SISTEMA

Dentro del debate también ha surgido una propuesta impulsada por universidades privadas asociativas sin fines de lucro. Agregó el presidente de ASUP que estas instituciones sostienen que también realizan investigación científica y contribuyen al desarrollo regional, por lo que proponen acceder, mediante concursos, a recursos destinados exclusivamente a investigación e innovación.

«La idea es que los fondos se asignen en función de la calidad de los proyectos y no únicamente del carácter público o privado de la universidad. El planteamiento busca fortalecer el sistema nacional de investigación y promover una mayor producción científica en beneficio del país», subrayó.

DEFENDER LA AUTONOMÍA

También refirió que con el inicio de un nuevo periodo de gobierno, otro de los pedidos del sector universitario es preservar la autonomía universitaria. La Constitución reconoce que las universidades tienen independencia para organizar su funcionamiento, administrar sus recursos, elegir autoridades y desarrollar investigación sin interferencias políticas.

«Mantener esa autonomía resulta fundamental para proteger la libertad académica y garantizar que las universidades continúen siendo espacios dedicados al conocimiento, la investigación y el pensamiento crítico», enfatizó.

MENOS BUROCRACIA

Aunque la supervisión resulta indispensable para asegurar la calidad, rectores y especialistas consideran que algunos procedimientos administrativos podrían simplificarse. Actualmente, la autorización para abrir nuevas sedes o implementar carreras puede tardar varios meses debido a exigencias burocráticas, indicó.

La propuesta no busca reducir los controles, sino agilizar los procesos administrativos para facilitar el desarrollo académico sin afectar los estándares de calidad. Situación similar enfrentan las universidades públicas al ejecutar proyectos de infraestructura.

IA Y NUEVOS RETOS

La transformación tecnológica también está modificando profundamente la educación superior, porque ya forma parte de numerosas actividades académicas y profesionales. Frente a ello, las universidades deben preparar a los estudiantes para utilizar estas herramientas de manera responsable y ética, sostuvo enfáticamente el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

Además coincide en que la inteligencia artificial no reemplazará la formación universitaria, sino que obligará a fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de análisis y la toma de decisiones, «más que competir con la tecnología, las universidades deberán enseñar a convivir con ella».

«La universidad peruana enfrenta una de las decisiones más importantes de las últimas décadas. El país necesita ampliar el acceso a la educación superior y descentralizar las oportunidades de formación, pero sin repetir los errores que llevaron al deterioro del sistema antes de la reforma universitaria. El verdadero desafío no consiste en crear más universidades, sino en garantizar que cada una cuente con las condiciones necesarias para formar profesionales de calidad, desarrollar investigación e impulsar la innovación.

Para lograrlo será indispensable mantener políticas públicas estables, proteger la autonomía universitaria, asegurar un financiamiento sostenible, reducir la burocracia y aprovechar responsablemente las nuevas tecnologías», concluyó.