El Poder Judicial evaluará el próximo 20 de julio el pedido de la Fiscalía para levantar el secreto de las comunicaciones de la ex presidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por presuntas irregularidades en la contratación de familiares de quien fuera su expareja sentimental, Abel Sotelo, en diversas entidades del Estado.

La solicitud será analizada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, durante una audiencia virtual de carácter reservado programada para las 9:30 de la mañana. El requerimiento fue presentado el pasado 12 de junio por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El Ministerio Público busca acceder al registro histórico de las comunicaciones de Chávez correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022, etapa en la que desempeñó funciones como congresista, ministra de Trabajo, ministra de Cultura y posteriormente presidenta del Consejo de Ministros.

La diligencia estaba prevista inicialmente para el pasado 2 de julio, pero fue reprogramada a solicitud de la propia Fiscalía por razones de carácter procesal.

La exjefa del Gabinete es investigada como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado.

Según la hipótesis fiscal, Chávez habría intervenido para favorecer la contratación de Marco Sotelo, hermano de Abel Sotelo, como asistente parlamentario y posteriormente como personal administrativo en la Red Asistencial Tacna de EsSalud. Asimismo, se le atribuye haber promovido la contratación de Flor Sotelo en su despacho congresal.

La investigación también comprende la presunta intervención de la exfuncionaria en la designación de Antonio Sotelo, padre de Abel Sotelo, como intendente regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Además, la Fiscalía sostiene que Betssy Chávez habría ofrecido interceder ante el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para influir en la designación del jefe de la Oficina Zonal de Cofopri en Tacna, con el objetivo de obtener respaldo político durante sus actividades en esa región.

La investigación preparatoria fue abierta luego de que, en octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobara el informe final de una denuncia constitucional contra la ex primera ministra. La decisión que adopte el Poder Judicial sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones será determinante para el avance de las diligencias que desarrolla el Ministerio Público.