Petroperú denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades en contratos

El directorio de Petroperú presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios una auditoría interna que advierte posibles actos de corrupción en la contratación de petróleo crudo y biocombustibles con la empresa suiza Gunvor, por un monto de US$1.727 millones entre 2015 y 2021.

El informe, elaborado por el estudio estadounidense Paul Hastings LLP tras casi tres años de investigación, concluye que existen indicios de un posible trato preferencial hacia Gunvor durante los procesos de licitación realizados por la empresa estatal. La documentación ya fue remitida al despacho de la fiscal Janny Sánchez Porturas para las investigaciones correspondientes, según un diario nacional.

La auditoría fue impulsada luego de que Raymond Kohut, exrepresentante de Gunvor, confesara en 2021 ante un tribunal federal de Estados Unidos haber pagado US$22 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador para obtener contratos de suministro de crudo. Parte de ese petróleo fue posteriormente revendida a Petroperú.

Según el informe, Gunvor obtuvo 54 contratos con Petroperú durante el período analizado, de los cuales 21 llevan la firma de Kohut. Además, 27 de esas operaciones correspondieron a petróleo adquirido previamente a Petroecuador.

La investigación también señala que Kohut realizó al menos 36 visitas a las oficinas de Petroperú entre 2015 y 2020, muchas de ellas coincidiendo con procesos de contratación y sin que existiera un registro claro del motivo de las reuniones o de los funcionarios con los que sostuvo encuentros.

El actual directorio de Petroperú decidió reactivar el caso este año tras tomar conocimiento del expediente, que había permanecido sin acciones desde que fue concluido en 2025.

Con esta denuncia, la Fiscalía podrá solicitar cooperación judicial a las autoridades de Estados Unidos para acceder a la información que Gunvor entregó durante las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia de ese país, con el objetivo de determinar si existieron pagos indebidos o entrega de información privilegiada en favor de la comercializadora durante las contrataciones con Petroperú.

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