La Fiscalía Suprema solicitó al Fiscal de la Nación autorización para ejercer acción penal contra el fiscal Rafael Vela y el exfiscal José Domingo Pérez, el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, y el exasesor del Ministerio Público Jaime Villanueva, en el marco de una investigación que busca esclarecer una presunta red de intercambio de información y favores entre funcionarios fiscales y representantes de la prensa.

El pedido fue presentado por el fiscal supremo adjunto Edward Casaverde y se sustenta en un informe fiscal de 204 páginas, en el que se plantea como hipótesis la existencia de un esquema mediante el cual algunos fiscales habrían recibido respaldo mediático y defensa pública a cambio de facilitar información reservada sobre investigaciones de alto impacto.

De acuerdo con el documento, de comprobarse estos hechos podrían configurarse presuntos delitos de cohecho. Sin embargo, la investigación se encuentra en una etapa preliminar y las imputaciones aún deberán ser evaluadas dentro del proceso correspondiente, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.

La investigación se inició a partir de las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien aseguró haber actuado como intermediario entre fiscales, periodistas y funcionarios públicos durante varios años.

Según el informe, parte de sus afirmaciones coincidirían con los testimonios brindados por Miguel Girao y el exfiscal adjunto Henry Amenábar, incorporados como elementos de convicción.

Uno de los principales ejes de la investigación está relacionado con el caso «Cócteles». La Fiscalía sostiene como hipótesis que Villanueva habría intervenido para favorecer que José Domingo Pérez asumiera dicha investigación, con el objetivo de consolidar a Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato.

El informe también menciona reuniones entre Villanueva, Gorriti, Vela y Pérez en instalaciones del Ministerio Público y en la sede de IDL-Reporteros, encuentros que la Fiscalía considera necesario investigar para determinar si estuvieron vinculados a la coordinación de estrategias sobre procesos judiciales.

Asimismo, el documento recoge testimonios que señalan un presunto acceso de la periodista Romina Mella a carpetas fiscales reservadas. Estos hechos forman parte de las diligencias preliminares y serán materia de evaluación por las autoridades competentes antes de determinar si corresponde formalizar una investigación penal.