El Tribunal Constitucional (TC) anuló la medida de prisión preventiva dictada contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el proceso que afronta por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La decisión fue adoptada al declarar fundada la demanda de hábeas corpus presentada por su defensa al considerar que se vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, estrechamente vinculado con el derecho a la libertad personal.

La sentencia deja sin efecto las resoluciones que rechazaron el pedido de Cerrón para sustituir la prisión preventiva por comparecencia, así como el mandato de prisión preventiva dictado en diciembre de 2023 y confirmado en enero de 2024. El TC dispuso que el órgano jurisdiccional emita un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos en la sentencia y adopte medidas alternativas que garanticen la presencia del investigado durante el proceso e impidan cualquier acto de obstaculización.

La decisión fue aprobada por mayoría de tres magistrados, mientras que otros tres emitieron votos singulares en los que consideraron que el hábeas corpus debía ser declarado infundado. Pese al fallo, Cerrón continúa en la clandestinidad desde octubre de 2023 y sobre él pesan otros procesos judiciales.

En contraste, el Poder Judicial rechazó el hábeas corpus presentado por el expresidente Martín Vizcarra, quien continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras se resuelve la apelación contra la condena de 14 años de prisión que recibió por el delito de cohecho pasivo propio.

La Primera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda al concluir que no cumplía con el requisito legal de firmeza, pues cuando fue presentada aún estaba pendiente una decisión en la vía penal sobre la suspensión de la ejecución de la sentencia. No obstante, el colegiado precisó que la defensa podrá presentar un nuevo hábeas corpus si considera que existen fundamentos, ahora que existe un pronunciamiento definitivo sobre ese pedido.

Vizcarra fue condenado por haber recibido S/2,3 millones en sobornos de consorcios empresariales cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua, vinculados a la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. La audiencia de apelación contra la sentencia quedó programada para el próximo 20 de agosto.

Las resoluciones reflejan dos decisiones judiciales distintas: mientras el TC cuestionó la motivación de la prisión preventiva impuesta a Cerrón, el Poder Judicial ratificó que Vizcarra deberá permanecer en prisión hasta que se resuelva el recurso contra su condena.