El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio Alfredo La Madrid Aliaga, defendió la cuestionada ley que amplió la competencia del Fuero Militar Policial. La autoridad rechazó que la norma permita encubrir a efectivos investigados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

“De ninguna manera” significará impunidad, sostuvo La Madrid al ser consultado sobre los alcances de la disposición. Afirmó que los policías que actúen al margen de la ley serán sancionados y que los magistrados del fuero especializado deberán resolver los procesos conforme a la normativa vigente.

La ley fue promulgada el 20 de julio por el entonces presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, después de que el Ejecutivo no se pronunciara dentro del plazo constitucional. El Parlamento la había aprobado en segunda votación el 23 de junio, con 52 votos a favor. Congreso de la República

La disposición modificó el Código Penal Militar Policial y el Código Procesal Penal. Prohibió que un mismo caso sea tramitado simultáneamente por la justicia ordinaria y militar-policial, y estableció que la Corte Suprema deberá preferir el fuero especializado cuando los hechos sean calificados como delitos de función.

El punto más controvertido fue la ampliación de ese concepto a conductas ilícitas cometidas por policías durante tareas de prevención, investigación criminal, inteligencia, control de identidad, tránsito y seguridad, en el contexto de un estado de emergencia. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que esa redacción podría sustraer casos graves del Poder Judicial.

La defensa de La Madrid contrastó con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que limitó el fuero militar-policial a infracciones contra bienes jurídicos propios de esas instituciones. El organismo precisó que delitos que afecten la vida o la integridad personal corresponden a la justicia ordinaria. Tribunal Constitucional

Aunque la norma incorporó la cadena perpetua para policías o militares que colaboren con organizaciones criminales y participen en una muerte, ese endurecimiento no disipó las dudas sobre su alcance. La defensa policial abrió así un debate cuya resolución dependerá del control constitucional y de cómo los jueces delimiten cada delito de función.