La falta de presupuesto pone en riesgo la ejecución de más de mil intervenciones preventivas destinadas a reducir la vulnerabilidad de la población frente a inundaciones, huaicos y erosión fluvial ante la posibilidad de un nuevo periodo de lluvias intensas asociado al Fenómeno El Niño. La alerta fue emitida por la Contraloría General de la República (CGR), tras un operativo nacional realizado entre el 3 y el 9 de julio.

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SE AVECINA FENÓMENO DEL NIÑO

El operativo de control “Descolmatación y limpieza de ríos y quebradas” determinó que, de las 1 546 Fichas Técnicas Referenciales (FTR) recibidas por gobiernos regionales y municipalidades para atender puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en 1 096 casos, equivalentes al 71 %, no se habían formulado requerimientos presupuestales para ejecutar las intervenciones propuestas.

La situación también alcanza a Arequipa, donde la Contraloría identificó un importante número de puntos críticos que permanecen sin acciones concretas. De las 89 Fichas Técnicas Referenciales recibidas por el Gobierno Regional de Arequipa y las municipalidades de la región, 46 no registran acciones para su atención. Estos puntos presentan niveles de peligro “Muy Alto” y “Alto” y su falta de intervención podría afectar a 5 249 habitantes, 385 viviendas, 18 instituciones educativas, cuatro establecimientos de salud y vías de comunicación.

La información adquiere especial relevancia ante los escenarios climáticos previstos para los próximos meses, debido a que las lluvias intensas pueden provocar desbordes de ríos, inundaciones, huaicos y erosión de las riberas, afectando directamente a poblaciones asentadas en zonas vulnerables.

El panorama nacional muestra que las dificultades no se limitan a la disponibilidad de recursos. La Contraloría encontró que, de las 1546 FTR recibidas por los gobiernos subnacionales, en 893, que representan el 58 %, no se evidenciaron acciones orientadas a evaluar, planificar o coordinar la atención de los puntos críticos señalados por la ANA.

La situación se agrava en las siguientes etapas del proceso. En 1 215 fichas, equivalentes al 79 %, no se acreditó la convocatoria de un proceso de selección o el inicio de la modalidad de ejecución correspondiente. Asimismo, en 1 219 FTR, también el 79 %, no se registró el inicio de las intervenciones propuestas.

En términos generales, estos resultados significan que aproximadamente ocho de cada diez fichas recibidas a nivel nacional no se tradujeron en la ejecución de medidas concretas para atender los puntos críticos identificados.

Para la Contraloría, esta situación limita la posibilidad de reducir oportunamente los riesgos y mantiene expuesta a la población, además de viviendas, colegios, establecimientos de salud, carreteras, áreas de cultivo e infraestructura pública.

El operativo movilizó a 200 auditores de la Contraloría General en las 25 regiones del país. Fueron intervenidos 20 gobiernos regionales, 313 municipalidades distritales, 68 municipalidades provinciales y la Autoridad Nacional del Agua. Como resultado se emitieron 412 informes de visita de control, cuyos resultados fueron comunicados a los titulares de las entidades involucradas.

En total, la labor de control permitió identificar 449 situaciones adversas vinculadas principalmente con el financiamiento y la ejecución de intervenciones en puntos críticos de ríos y quebradas.

AREQUIPA BAJA VIGILANCIA Y MONITOREO

En Arequipa, las 46 FTR que permanecen sin acciones representan una alerta para las autoridades regionales y locales, considerando la cantidad de población e infraestructura que podría quedar expuesta ante eventuales desbordes o movimientos de material durante la temporada de lluvias.

La Contraloría señala que las fichas corresponden a puntos clasificados con niveles de peligro “Muy Alto” y “Alto”. Estas herramientas técnicas permiten determinar las características del tramo crítico, identificar a la población y bienes expuestos y establecer una propuesta de intervención con un presupuesto estimado.

Sin embargo, contar con la ficha técnica no garantiza que la obra preventiva se concrete. Precisamente, una de las principales preocupaciones detectadas es la falta de articulación entre la identificación del riesgo y la asignación de recursos para intervenir los puntos considerados prioritarios.

El informe también advierte que la ANA elaboró 2016 FTR durante los años 2025 y 2026. De ese total, solo 1 546, equivalentes al 77 %, fueron recibidas por gobiernos regionales y locales. Las restantes 470 fichas, que representan el 23 %, no cuentan con registro o constancia de recepción por parte de los gobiernos subnacionales.

La Contraloría considera que esta situación genera una interrupción inicial en la cadena de atención del riesgo, pues casi una cuarta parte de los puntos críticos identificados no habría ingresado formalmente al proceso de gestión por parte de las autoridades responsables.

CUSCO CON MÁS ALERTAS

A nivel regional, Cusco concentró la mayor cantidad de situaciones adversas, con 75 identificadas en 53 informes de visita de control. Le siguió Puno, con 74 situaciones adversas reportadas en 78 informes.

También se identificaron 40 situaciones adversas en Áncash, 30 en Huánuco, 28 en Cajamarca y 22 en Ayacucho.

La Contraloría señaló que los mayores porcentajes de inacción se registraron en Loreto, Amazonas, Apurímac y San Martín. En determinados procesos, Loreto llegó incluso al 100 % de fichas sin acciones, mientras que Amazonas alcanzó el 96 %, Apurímac el 88 % y San Martín el 82 %.

El contralor general César Aguilar sostuvo que la entidad continuará vigilando la utilización de los recursos públicos destinados a las acciones preventivas. Según indicó, el objetivo es contribuir a que los gestores ejecuten de manera responsable el presupuesto y prioricen la protección de la población frente a fenómenos naturales extraordinarios.

La Contraloría también detectó que la ANA no cuenta con procedimientos internos formalmente aprobados para la identificación de puntos críticos y para la elaboración, aprobación y comunicación de las FTR.

A ello se sumaron problemas técnicos y retrasos en intervenciones visitadas en Lurigancho-Ate y Huarochirí, en Lima. En Lurigancho-Ate, tres de las 11 unidades de maquinaria asignadas estaban inoperativas y los trabajos comenzaron sin haber culminado el replanteo topográfico.

En Huarochirí, se encontraron órdenes de servicio vencidas o próximas a vencer y un avance físico de apenas 10 % luego de cumplido el plazo de ejecución.

Para el organismo de control, las deficiencias encontradas evidencian la necesidad de acelerar la planificación, asignación presupuestal y ejecución de las intervenciones antes de que se intensifique la temporada de lluvias.

En el caso de Arequipa, las 46 fichas sin acciones representan una llamada de atención para las autoridades regionales y municipales, debido a que involucran a miles de habitantes y una infraestructura sensible que podría resultar afectada. La Contraloría remarcó que la prevención requiere que la identificación de los puntos críticos se convierta oportunamente en presupuesto, contratación y trabajos efectivos en campo.