Inseguridad ciudadana castiga a los peruanos
“No vive el que no vive seguro” frase célebre del escritor español Francisco de Quevedo que refleja el padecimiento de los millones de habitantes que tiene el Perú, debido a que la inseguridad ciudadana en los últimos años viene creciendo fuertemente afectando la vida de todos los peruanos, si a ello le sumamos el adverso entorno externo económico y geopolítico, producto de conflictos regionales que pueden escalar a uno global, además de un contexto interno con muchos problemas como la corrupción, la situación para los peruanos es crítica y requiere un cambio en la dirección del Gobierno en nuestro país.
Lamentablemente casi todos los días en diversos medios de prensa escuchamos homicidios como consecuencia de hechos delictivos como sicariato, extorsiones, asaltos, entre otros, recordemos que es competencia del Estado peruano, la lucha contra la inseguridad ciudadana no sólo para cumplir con su deber constitucional de mantener y salvaguardar el orden interno, sino también para crear confianza en la población y en las organizaciones privadas y públicas, así como en los emprendimientos e inversiones privadas, que son el motor del crecimiento económico en nuestro país y el mundo. Aunque precisando que crecimiento económico no necesariamente implica desarrollo económico, ni un país más equitativo y justo.
Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), durante el año 2025 se registraron 2 218 asesinatos una cifra sin precedentes desde que se registraron este tipo de incidencias por primera vez en el año 2017; lo cual fue difundido en diversos medios de prensa desde el cierre del año pasado y durante este año como el portal de noticias Infobae en su página web.
Esta situación es insostenible, no podemos seguir viviendo así, definitivamente se tiene que tomar medidas efectivas y no populistas como utilizar a las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia (no podemos estar eternamente en estado de Emergencia, además no es su función) o pretender limitar o restringir el uso de armas a los usuarios legales de armas para disminuir los actos delictivos, pero para ello debemos contar con un Poder Judicial justo, sancionando eficazmente a los delincuentes y defendiendo a los ciudadanos usuarios legales de armas de fuego y efectivos de las fuerzas del orden que, en legítima defensa o cumpliendo su deber, abatan a los delincuentes.
Para ello es importante aplicar a cabalidad la Ley de Legítima Defensa N° 32026 que sostiene que quedarían exentos de responsabilidad penal quienes actúen en legítima defensa “con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal”. Recordemos además que los ciudadanos contamos con derechos constitucionales, como lo son el de la vida, la legítima defensa, seguridad personal y de propiedad.
En tal sentido, es necesaria una estrategia adecuada para combatir la inseguridad ciudadana, que parta de empoderar a los usuarios legales de armas en su derecho a la autodefensa y una lucha frontal contra la corrupción en las autoridades competentes de brindar seguridad a la población, expulsando y sancionando a los malos elementos, que muchas veces según medios de prensa estando en actividad son miembros de bandas delictivas, desterrando los planteamientos equivocados -que obedecen más a posturas coyunturales de tipo político que a fundamentos técnicos y legales- como el blindar a las fuerzas del orden antes de hacer una purga de los malos elementos.
Solo así podremos luchar eficazmente contra la inseguridad ciudadana en el Perú brindando tranquilidad a la población y creando un clima de confianza en la población y al emprendimiento e inversiones privadas como las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) que son los mayores generadores de empleo en nuestro país y que se ven atormentadas por las extorsiones, una modalidad delictiva que ha crecido a niveles alarmantes. Por ello es indispensable un cambio en la dirección del Gobierno en nuestro país. No podemos seguir con estrategias que ya han fracasado. Los peruanos merecemos vivir sin miedo.
