Ayer, el Gobierno declaró en emergencia a 45 distritos de Arequipa ante el peligro inminente de déficit hídrico previsto para el periodo de lluvias 2026-2027. Sin embargo, la medida no contempla recursos adicionales del Tesoro Público: las acciones que ejecuten el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y los municipios deberán financiarse con sus propios presupuestos. La declaratoria, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM, tendrá una vigencia de 60 días calendario.

La decisión adquiere mayor relevancia porque el sustento elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) concluye que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales involucrados, incluido Arequipa, «ha sido sobrepasada». Ante ello, el Ejecutivo considera necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional para enfrentar el riesgo.

El escenario que sustenta la emergencia está asociado a la disminución progresiva de los caudales, la reducción de los volúmenes almacenados en los embalses y las condiciones climáticas previstas para los próximos meses. Los informes del SENAMHI, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ENFEN, CENEPRED e INDECI advierten un escenario de déficit hídrico durante el próximo periodo de lluvias, con posibles efectos sobre el consumo de la población, la agricultura y la ganadería.

En Arequipa, la declaratoria comprende 11 distritos de la provincia de Arequipa, cinco de Castilla, 18 de Caylloma, dos de Condesuyos y ocho de La Unión. Caylloma concentra así el mayor número de jurisdicciones incluidas, con el 40% del total regional.

Durante los 60 días de emergencia, el GRA y los gobiernos locales deberán ejecutar medidas inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación, en coordinación con INDECI y las entidades nacionales competentes. Las intervenciones deberán estar directamente vinculadas con el peligro identificado y contar con sustento técnico.

El principal desafío será la capacidad financiera para ejecutar esas medidas. El decreto establece que su implementación se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, «sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público». Es decir, la declaratoria habilita una respuesta extraordinaria ante el riesgo, pero no garantiza recursos nuevos para ejecutarla.

Ahora, el GRA y los 45 municipios deberán determinar qué recursos tienen disponibles para enfrentar el déficit hídrico y cuánto de sus presupuestos tendrán que reorientar. El plazo de 60 días será clave para definir si la declaratoria se traduce en medidas concretas antes de que el riesgo previsto para la campaña 2026-2027 se convierta en una afectación efectiva.

PROVINCIA DE AREQUIPA (11)

• Cerro Colorado, Chiguata, Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Quequeña, San Juan de Tarucani, Yarabamba y Yura.

PROVINCIA DE CASTILLA (5)

• Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco y Orcopampa.

PROVINCIA DE CAYLLOMA (18)

• Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti y Yanque.

PROVINCIA DE CONDESUYOS (2)

• Cayarani y Salamanca.

PROVINCIA DE LA UNIÓN (8)

• Alca, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa y Toro

TOTAL: 45 DISTRITOS