Por Carlos Meneses

Arequipa no puede acostumbrarse a reaccionar cuando el daño ya está hecho. La educación privada no está fuera del alcance de la supervisión pública. Las autoridades educativas tienen que garantizar investigaciones oportunas, sanciones cuando correspondan y, sobre todo, condiciones seguras para los estudiantes.

Los expedientes administrativos no pueden convertirse en refugios de la burocracia cuando lo que está en juego es la seguridad y la integridad de niños y adolescentes. El informe de fiscalización aprobado por el Consejo Regional de Arequipa (CRA), que advierte demoras de hasta más de un año en procedimientos relacionados con presuntos casos de agresión, lesiones, discriminación y violencia sexual en colegios privados, constituye una seria llamada de atención a la Gerencia Regional de Educación (GREA) y a la UGEL Arequipa Norte.

Lo más preocupante no es solamente que los trámites se prolonguen durante meses. El verdadero problema es que algunas investigaciones podrían quedar expuestas a la caducidad y, con ello, debilitar la posibilidad de imponer sanciones o establecer responsabilidades. Cuando una institución educativa es señalada por no proteger adecuadamente a un estudiante, el Estado tiene la obligación de actuar con diligencia, no de permitir que los plazos administrativos jueguen a favor de la impunidad.

El caso del colegio Nuestra Señora del Pilar resulta particularmente preocupante. Se investiga una agresión física contra una escolar de 10 años ocurrida en febrero de 2025 y, más de un año después, el procedimiento sancionador ni siquiera había sido formalmente iniciado. En el caso del Max Uhle, las lesiones sufridas por una estudiante en 2023 todavía enfrentaban retrasos administrativos. En Lord Byron, otro expediente demoró casi diez meses en avanzar hacia el informe final.

No son simples papeles acumulados en una oficina. Detrás de cada expediente hay estudiantes, familias y comunidades educativas que esperan respuestas.

Tampoco resulta suficiente atribuir las demoras a cambios normativos, falta de personal, traslado de oficinas o restricciones presupuestales. Es posible que estas dificultades existan y deban ser atendidas, pero ninguna puede convertirse en una explicación permanente para paralizar la fiscalización. Si una entidad carece de personal, debe gestionar recursos; si una norma requiere actualización, debe solicitar y promover los cambios; y si existe un problema presupuestal, corresponde planificar con anticipación.

Igualmente grave resulta la suspensión de inspecciones a colegios privados entre octubre de 2025 y abril de 2026. Durante seis meses, un sector que requiere vigilancia permanente quedó prácticamente sin fiscalización. La prevención no puede aparecer únicamente después de que ocurre una agresión.

Mientras tanto, se conoce un nuevo caso en el colegio Dunalastair, en Sachaca, donde se investigan presuntas agresiones contra un estudiante. Fiscalía, INDECOPI y UGEL Norte realizan diligencias para determinar si el plantel cumplió los protocolos de protección.

La protección de la infancia no puede esperar un año en un expediente.