La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y la Red Peruana de Universidades (RPU) acordaron unir esfuerzos para evaluar los efectos de la Ley N.º 32680 y advertir sobre sus posibles consecuencias en la autonomía universitaria, la carrera docente, la meritocracia y la sostenibilidad económica de las instituciones de educación superior.

La decisión fue adoptada luego de que la Universidad Católica de Santa María planteara ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y la ASUP su preocupación por las disposiciones de la norma, especialmente aquellas referidas a la incorporación de los jefes de práctica a la carrera docente universitaria.

La propuesta fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la ASUP y posteriormente presentada ante cerca de 30 rectores integrantes de la RPU, organización liderada por el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Julio del Valle Ballón. Durante una sesión extraordinaria realizada el miércoles 12 de agosto, los rectores respaldaron el planteamiento y acordaron impulsar una agenda conjunta ante el Congreso, la SUNEDU y el Ministerio de Educación.

El presidente de la ASUP, Jorge Luis Cáceres Arce, precisó que las universidades no se oponen a que los jefes de práctica puedan desarrollar una carrera docente. Sin embargo, sostuvo que cualquier incorporación debe estar sustentada en criterios de mérito, formación académica, experiencia, investigación y trayectoria profesional.

“Estamos de acuerdo con que los jefes de práctica puedan incorporarse a la carrera docente; sin embargo, consideramos indispensable que ello se realice sobre la base del mérito, la formación académica, la experiencia, la investigación y el esfuerzo demostrado”, señaló.

Otro punto de preocupación es la posibilidad de una promoción automática de categoría después de superar la ratificación docente. Para ASUP y la RPU, ambos procesos tienen objetivos distintos: la ratificación verifica la permanencia del docente en una categoría, mientras que la promoción exige acreditar mayores niveles de preparación, experiencia y producción académica.

Las universidades también analizan el impacto que tendría la incorporación de los jefes de práctica en el cumplimiento del porcentaje de docentes a tiempo completo establecido por la Ley Universitaria. La medida podría generar mayores exigencias económicas, especialmente en carreras de ciencias de la salud.

Cáceres Arce advirtió que una universidad con 300 jefes de práctica de Medicina Humana podría verse obligada a incorporar alrededor de 62 docentes a tiempo completo adicionales. Esta situación, sostuvo, sería difícil de implementar debido a que muchos médicos combinan la docencia con labores asistenciales en hospitales, clínicas y consultorios.

ASUP y la RPU plantean que cualquier modificación de la carrera docente debe preservar la autonomía universitaria y garantizar mecanismos transparentes de evaluación y promoción. El objetivo, señalaron, es evitar que una norma destinada a fortalecer la docencia termine afectando la calidad académica y la estabilidad financiera de las universidades, particularmente de aquellas que dependen del presupuesto público.