La construcción de la nueva infraestructura del Hospital III Goyeneche acumula un retraso referencial de un año y medio, mientras la firma del convenio de Gobierno a Gobierno (G2G) para su reconstrucción total se proyecta recién para julio de 2027. El nuevo escenario contrasta con la planificación presentada en marzo de 2025, cuando la PMO francesa estimó que, tras concluir el diagnóstico situacional, las obras podrían comenzar a finales de ese año y concluir en 2029. Las dificultades presupuestales y el entrampamiento de la estrategia Fast-Track han desplazado el cronograma y, de mantenerse el plazo de ejecución previsto, la entrega podría extenderse hasta 2031.

En marzo de 2025, el director de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de Francia, Emmanuel Sixdenier, llegó a Arequipa para formalizar su participación en el proyecto hospitalario. Entonces, informó que el proyecto tendría un plazo referencial de 47 meses desde la suscripción del convenio G2G hasta la entrega final. Aunque se inició el desarrollo el diagnóstico situacional y se estimaba que los términos de referencia y el plan de contingencia estarían listos en los primeros cinco meses, 17 meses después, la obra todavía no entra en ejecución.

El estado situacional actualizado al 13 de agosto evidencia que durante este periodo se desarrollaron estudios de riesgos ante desastres, mecánica de suelos, hidrogeología, impacto vial y ambiental, además de la actualización del plan de contingencia y la definición de la secuencia de ejecución. La procura principal está prevista para enero de 2027, pero su inicio permanece condicionado a la estrategia definitiva de contratación, la programación presupuestal multianual y los recursos que se asignen para el próximo año.

Uno de los principales problemas surgió con el Presupuesto 2026. Los recursos disponibles representaron solo el 25% de lo requerido para ejecutar la estrategia inicial, por lo que se postergaron actividades de procura. Ante la falta de expedientes, diseño o construcción, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considera al proyecto en etapa de “perfil”, por lo que no asignó el presupuesto solicitado. El proyecto contempla una inversión aproximada de S/632 millones y todavía debe asegurarse su financiamiento multianual.

A la restricción presupuestal se suma la exigencia de una licencia de edificación tipo C antes del inicio de las obras, confirmada en julio. Esta condición obliga a modificar la estrategia Fast-Track planteada inicialmente para reducir los tiempos previos a la construcción. El gerente general del GRA, Juan Carlos Blanco Mendoza, sostuvo que se trata de una barrera administrativa y descartó que el retraso responda a una falta de gestión regional. «Este inconveniente es más un tema administrativo. […] Estamos planteando que como gobierno regional no estamos de acuerdo con esta limitación y vamos a recurrir a las instancias correspondientes para que se simplifique el trámite administrativo», señaló. 

Respecto al componente presupuestal, Blanco Mendoza sostuvo que el GRA ha realizado las gestiones correspondientes, pero depende de la asignación de recursos por parte del Gobierno nacional. «La gestión ya no depende de nosotros. Estamos sujetos a que el Ejecutivo nacional de los recursos», afirmó. Por ello, una de las acciones planteadas tras la mesa de trabajo será gestionar ante el MEF la programación presupuestal necesaria para garantizar la continuidad del proyecto.

La problemática fue abordada en una mesa de trabajo promovida por la diputada por Arequipa Marleny Arminta Valencia. La parlamentaria cuestionó que las restricciones vinculadas al patrimonio cultural terminen retrasando la construcción del hospital. «No puede ser que por un tema de patrimonio cultural, lo cual respetamos muchísimo, admiramos el tema cultural y humanístico que tenemos en Arequipa, pero no podemos dejar de lado la salud», sostuvo.

Arminta Valencia respaldó buscar una alternativa a la licencia tipo C que permita acelerar el proyecto sin desconocer las obligaciones de protección patrimonial. También anunció que continuará las gestiones ante el PRONIS y el MEF para buscar una salida al entrampamiento presupuestal y administrativo. El compromiso asumido al cierre de la reunión fue trasladar estas demandas a las instancias nacionales y mantener la coordinación con las entidades responsables del proyecto.

El proyecto llega así al cambio de gestión regional con cuatro decisiones todavía pendientes: su priorización, la programación presupuestal multianual, la estrategia para obtener las autorizaciones y licencias, y el mecanismo definitivo de procura y ejecución. Si el convenio G2G se suscribe en julio de 2027 y se mantiene el plazo referencial de 47 meses anunciado en 2025, la entrega se proyectaría aproximadamente para junio de 2031. Esta fecha, sin embargo, dependerá de que no se produzcan nuevas modificaciones al cronograma.