Dirigente denuncia amenazas por

disputa del pasaje en Arequipa

La presidenta de la Asociación Frente de Transportistas Formales de Arequipa, Patricia Velásquez, denunció haber recibido llamadas y mensajes intimidatorios por su participación en el conflicto sobre el pasaje urbano. La dirigente afirmó que acudiría al Ministerio Público después de comunicar el caso a la Policía Nacional.

Según su testimonio, las acciones comenzaron durante el fin de semana con intentos de bloquear su teléfono celular. Posteriormente, perdió el acceso a dos números, incluido uno perteneciente a un familiar, situación que le impidió recibir llamadas y utilizar con normalidad sus equipos.

Velásquez aseguró que los desconocidos obtuvieron información sobre sus cuentas, propiedades y vínculos familiares. Añadió que uno de los presuntos intimidadores le envió esos datos para demostrarle que permanecía vigilada, versión que deberá ser corroborada mediante las diligencias fiscales y policiales.

La dirigente sostuvo que las comunicaciones buscaban obligarla a retirarse de las movilizaciones y aceptar que el pasaje urbano se mantuviera en S/1. Según manifestó, los mensajes aparecieron después de sus pronunciamientos públicos en defensa de la tarifa de S/1.30 solicitada por los transportistas.

Velásquez no identificó a los responsables ni atribuyó directamente las amenazas a una persona o institución. Sin embargo, señaló que nunca afrontó hechos similares antes de asumir la representación del gremio, por lo que pidió rastrear los números utilizados y determinar cómo se obtuvo información privada de su entorno.

La denuncia surgió en medio del enfrentamiento entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y seis operadores del Sistema Integrado de Transportes. La comuna dispuso que estas empresas retornaran al pasaje de S/1, mientras los transportistas insistieron en conservar la tarifa de S/1.30 durante la evaluación de un nuevo trato directo.

El desacuerdo provocó jornadas de paralización, bloqueos y reducción del servicio en varios distritos. Miles de usuarios tuvieron dificultades para movilizarse y algunos recurrieron a unidades informales que elevaron sus cobros, mientras la protesta coincidió con las principales celebraciones por el aniversario de Arequipa.

La Policía y el Ministerio Público deberán verificar las llamadas, el bloqueo de los equipos y el presunto acceso a información privada para establecer responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición no se conoció un pronunciamiento oficial sobre la denuncia, mientras la disputa tarifaria continuó pendiente de una solución definitiva.