El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su rechazo al proyecto de ley presentado por el congresista de Renovación Popular, Aldo Bravo, que plantea crear una nueva figura de “apología al delito agravado” para sancionar determinadas expresiones o acciones durante periodos de crisis política o conflictos sociales.

La iniciativa legislativa establece penas de cuatro a cinco años de prisión para quienes, teniendo capacidad de convocatoria pública, promuevan, soliciten, señalen, alienten, justifiquen o legitimen el uso de artefactos explosivos u otras sustancias peligrosas que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana, la vida de las personas o los bienes del Estado.

La propuesta alcanza a funcionarios y servidores públicos, representantes, dirigentes políticos, sociales o gremiales, líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido, influencers y cualquier persona que tenga capacidad de convocatoria pública.

En caso de funcionarios o servidores públicos, además de la pena privativa de libertad se contempla una sanción de inhabilitación.

Sin embargo, el CPP advirtió que el principal problema de la iniciativa es la amplitud y ambigüedad de sus términos, debido a que podrían permitir interpretaciones que terminen afectando actividades legítimas de información y expresión pública.

El gremio periodístico cuestionó, por ejemplo, si un periodista podría ser considerado responsable de “apología al delito” simplemente por informar sobre el lugar y la fecha de una protesta o explicar las razones que motivaron una movilización social.

Para el CPP, una norma penal debe establecer con precisión las conductas que serán sancionadas, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión, prensa e información.

Otro de los puntos observados es la referencia a los “periodos de crisis política”. El gremio preguntó qué circunstancias concretas determinarían la existencia de una crisis política y qué autoridad tendría la facultad de establecer cuándo comienza y cuándo termina.

La preocupación no se limita a los medios de comunicación. El CPP señaló que una interpretación amplia de la norma también podría alcanzar a ciudadanos que compartan información, comentarios o contenidos en redes sociales durante escenarios de conflicto político o social.

El debate adquiere especial importancia en un contexto de creciente utilización de plataformas digitales para difundir información y opiniones. Una regulación demasiado abierta podría generar, según el gremio, un efecto inhibidor sobre quienes participan en el debate público por temor a enfrentar consecuencias penales.

El CPP sostuvo que combatir la violencia y proteger la seguridad ciudadana constituye una obligación del Estado, pero consideró que las medidas destinadas a cumplir ese objetivo deben respetar los principios de legalidad y proporcionalidad, además de garantizar las libertades constitucionales.