Un tribunal federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visados de inmigrante impuesta por el Gobierno del presidente Donald Trump a ciudadanos de 75 países, al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades legales al aplicar la medida.

La decisión fue emitida por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, quien en una sentencia de 61 páginas calificó la prohibición de “manifiestamente ilegal”. El fallo cuestionó además el argumento utilizado por la Administración Trump para justificar la suspensión, según el cual los solicitantes de los países incluidos representaban un alto riesgo de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.

La medida había comenzado a aplicarse en enero y provocó la paralización de la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de numerosas naciones. Entre los países afectados figuraban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

El Departamento de Estado evitó pronunciarse directamente sobre el fallo, debido a que existen litigios legales pendientes. No obstante, un portavoz de la institución defendió la política migratoria de la Administración y afirmó que el Gobierno mantiene estrictos mecanismos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas.

El caso fue impulsado por varios afectados. Entre los demandantes figuran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas invocando la nueva política, así como seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron perjuicios para familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.

La sentencia también dejó sin efecto las denegaciones de visas que se hubieran basado exclusivamente en la suspensión. Esta disposición podría abrir la puerta a la revisión de miles de solicitudes que ya fueron procesadas bajo la política cuestionada.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes celebraron la decisión judicial. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, sostuvo que el fallo representa una victoria para numerosas familias afectadas por la suspensión y consideró que la legislación migratoria no puede utilizarse para justificar prácticas discriminatorias.

La decisión constituye un nuevo revés judicial para la política migratoria de Trump y podría tener consecuencias para miles de personas que esperaban obtener una visa de inmigrante para reunirse con sus familiares o establecerse legalmente en Estados Unidos.