Por Carlos Meneses

La verdadera emergencia, sin embargo, es otra: la incapacidad de las autoridades para aprender de una crisis que se repite. Arequipa no puede seguir esperando el próximo huaico para descubrir, otra vez, que no tiene suficiente capacidad de respuesta.

Que el abastecimiento de GLP vehicular en Arequipa recién pueda normalizarse dentro de seis o siete días es mucho más que un problema temporal de combustible. Es la demostración, una vez más, de la fragilidad de una ciudad que queda prácticamente a merced de una carretera bloqueada. Y lo más preocupante es que esta situación no constituye una sorpresa: las autoridades conocen desde hace años la vulnerabilidad de la Panamericana Sur, pero continúan actuando cuando la emergencia ya estalló.

Bastaron seis días de interrupción en el tramo Atico–Ocoña para que los efectos llegaran directamente a los bolsillos de miles de arequipeños. Veintidós grifos agotaron sus reservas, otros restringieron las ventas, los conductores soportaron largas colas y el precio del GLP llegó a bordear los S/10 por galón. Taxistas, transportistas y trabajadores que dependen diariamente de sus vehículos fueron nuevamente los primeros perjudicados.

La pregunta inevitable es: ¿por qué una ciudad de la importancia económica de Arequipa debe esperar una semana para recuperar un suministro básico después de que se reabre parcialmente una carretera?

La respuesta apunta a una falta evidente de previsión. Las autoridades sabían que la Panamericana Sur era vulnerable a huaicos y derrumbes. También conocían que por esa vía ingresan diariamente las cisternas que abastecen a Arequipa. Sin embargo, no existía una respuesta logística suficientemente rápida para garantizar reservas estratégicas, rutas alternas efectivas y mecanismos de emergencia capaces de evitar que el problema llegara a los consumidores.

Y cuando aparece la escasez, surgen además prácticas que deben ser investigadas con firmeza. Si algunos grifos condicionaron la venta de GLP a la compra de otros combustibles o limitaron arbitrariamente las cantidades, OSINERGMIN debe fiscalizar y sancionar si corresponde. Una emergencia no puede convertirse en oportunidad para abusar del consumidor.

También resulta insuficiente declarar en emergencia el abastecimiento de GLP después de que las colas ya están instaladas. Las medidas excepcionales deben traducirse en resultados concretos: cisternas disponibles, rutas seguras, distribución ordenada y vigilancia efectiva de precios.

Arequipa necesita dejar de administrar emergencias y comenzar a prevenirlas. Una carretera bloqueada no debería paralizar el suministro energético de una ciudad de más de un millón de habitantes.

La reapertura parcial es una buena noticia, pero no resuelve el problema de fondo. Mientras el tramo Atico–Ocoña no quede completamente habilitado y el flujo de cisternas no se normalice, la crisis continuará.