Escolares afectados por retraso de obra en colegio Pinto Talavera. La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 348 992 en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, debido a la inaplicación de penalidades al contratista encargado de ejecutar las obras de rehabilitación de la Institución Educativa Pinto Talavera.

EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 007-2026-2-4602-AC, correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2020 y enero de 2026, la comisión auditora detectó que la municipalidad aprobó ampliaciones de plazo que no se encontraban debidamente justificadas, situación que terminó favoreciendo al contratista al reducir el periodo sobre el cual correspondía calcular las penalidades por mora.

La obra contemplaba la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de la IE Pinto Talavera. El expediente técnico fue aprobado el 29 de julio de 2020, con un presupuesto inicial de S/ 5 millones 582 mil 804 y un plazo de ejecución de 240 días calendario.

Posteriormente, el proyecto fue adjudicado el 7 de mayo de 2021 por un monto contractual de S/ 6 millones 162 mil 888, bajo la modalidad de administración indirecta y el sistema de contratación a suma alzada. Los trabajos comenzaron el 25 de junio de ese año.

Durante la ejecución, se concedió al contratista un total de 326 días adicionales. Sin embargo, la evaluación realizada por la Contraloría determinó que únicamente correspondía justificar legalmente 287 días de ampliación.

La diferencia no fue el único problema advertido. El organismo de control también encontró que, al momento de aprobarse la liquidación de la obra, se tomaron en cuenta dos ampliaciones de plazo por un total de 77 días, pese a que estas habían sido declaradas improcedentes previamente por la propia municipalidad.

Para la Contraloría, esta actuación permitió extender de manera indebida el plazo contractual y, como consecuencia, limitó la posibilidad de aplicar las penalidades correspondientes por los retrasos registrados en la ejecución de la obra.

El proyecto finalmente registró una inversión de S/ 8 millones 121 mil 515. Los trabajos culminaron el 6 de junio de 2024, mientras que la liquidación fue aprobada el 8 de mayo del mismo año, según la información consignada en el informe de control.

El documento también establece la existencia de presunta responsabilidad civil y administrativa en un exfuncionario de la gestión municipal correspondiente al periodo 2019-2022 y en tres funcionarios de la actual administración edil.

El caso vuelve a poner bajo observación la gestión de los contratos de obras públicas y, particularmente, el control de los plazos de ejecución. Las ampliaciones deben responder a causas debidamente sustentadas y no convertirse en mecanismos que terminen reduciendo las penalidades que corresponden por incumplimientos contractuales.